19/12/2012 Entrevista exclusiva – 7D

AFSCA: “La relación entre el presidente y los directores opositores es crítica”

Lo aseguró Marcelo Stubrin, nuevo integrante del directorio del organismo por parte de la UCR. Entre otras cosas, remarcó que hay “ocultamiento de información” y que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “presenta dificultades de adaptación”.

Ya quedan pocas cartas para jugar antes del 7 de diciembre, día en el que vence la medida cautelar que impulsó el Grupo Clarín y que frenó la aplicación del artículo 161 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella estableció como plazo la medianoche de mañana para que todos los grupos que no estén en regla presenten su plan de adecuación de licencias. Sin embargo, una pregunta resuena: ¿Qué pasará después?

En diálogo con Gestionpublica.info, Marcelo Stubrin, quien asumió recientemente como director del AFSCA por parte de la UCR, indicó que se demorará “90 días la aplicación de la división compulsiva de las licencias”.  Además, el ex diputado nacional que ocupa hace menos de dos semanas un sillón en el directorio de la entidad (fue nombrado en el cargo a través del Decreto 2253/2012, publicado el 23 de noviembre) denunció que la relación entre Sabbatella y la oposición “está en un punto crítico”.

Mucho se habla del conflicto entre el Grupo Clarín y el gobierno pero poco se sabe de las tensiones dentro del AFSCA. ¿Qué rol ocupará la oposición dentro del organismo?

No lo sabemos aún. Pero podríamos decir esta semana que la relación entre el presidente y los directores opositores  está en un punto crítico. Hay ocultamiento de información. Las resoluciones que se han adoptado son secretas.

¿Se refiere a la resolución que se habría votado en secreto y que establece una modificación en los procedimientos establecidos para aquellos grupos que no presentaron la adecuación de licencias?

Si. Algo aprobaron en 22 de noviembre, pero no está disponible. De ahora en más, si quieren volver a cambiar algo pueden hacerlo pero tendrán que discutirlo conmigo en el directorio. Básicamente mi queja hoy es que el AFCA cumpla con las previsiones que tiene la Ley 26.522. Es necesario que sean públicos los registros de las licencias y autorizaciones. El gobierno estuvo tres años con la Ley sancionada sin cumplirla. 

En relación al 7D ¿qué cree que ocurrirá ese día?

Las decisiones del 7 de diciembre son decisiones preliminares que están supeditadas a un dictamen que va a dar la Corte Suprema de Justicia rápidamente. Con toda seguridad dentro de los próximos 90 días se aplicará la división compulsiva de las licencias. El 7D marcará que todos los grupos que acepten voluntariamente reducirse deberán publicar sus planes, los cuales tendrán que estar a consideración de la opinión pública y del organismo.

¿Qué pasará con los que no se adapten voluntariamente?

Empezará un procedimiento judicial que el presidente del AFSCA ya comentó muchas veces y que durará entre 90 y 100 días. El juez de primera instancia, Horacio Alfonso, se pronunciará a mediados de diciembre. Luego será el turno de la Cámara de Casación y más tarde el del máximo tribunal. En ese interín van a morir las palabras porque la que va a hablar será la Corte.

En declaraciones a otros medios, usted aseguró que la Ley 26.522 es una “Ley mejorable” ¿Qué modificaciones le haría?

La Ley presenta dificultades de adaptación. Por ejemplo, el artículo 3, que establece los objetivos, es inobjetable. Desde mi punto de vista es perfecto en los enunciados. Pero la realidad marcha por otro lado. La provincia de Santa Cruz tiene el Canal 9 y hace seis años que no habla un opositor. El AFCA debería intervenir para bregar por el cumplimiento el artículo que exige pluralismo. 

¿Desde la UCR piensan realizar algún proyecto de reforma de la LSCA?

Eso esperamos. Acabo de asumir y no tengo oficina. Vamos a hacer todo lo posible para ver cómo funciona este procedimiento del artículo 45 que es el que esta cuestionado constitucionalmente a los efectos de poder establecer los mecanismos de reforma que sean convenientes y necesarios.

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