06/12/2012 Opinión

Cómo transitar de los cuentos a las cuentas en un sólo paso

Por Oscar Arredondo Pico*. En México los temas de la transparencia y la rendición de cuentas se tocan en todos los discursos oficiales. Revierte a los oradores esa chispa de esperanza y de autoengaño que necesitan para sentir que lo que están diciendo es auténtico. Estas palabras no se escapan de la agenda de ningún servidor público con aspiración de seguir escalando posiciones en su carrera política.

No obstante a ser lo nuevo y lo políticamente correcto, ese discurso parece vacío y seguirá así mientras sigamos viviendo en un país en el que la corrupción se documente día a día con escándalos indignantes y a pesar de eso impere la impunidad.

Utilizar estos temas como ornamenta de la función gubernamental con otros términos no menos románticos, revisten y hasta legitiman la labor de los políticos. “Transparencia y Rendición de Cuentas”, palabras que sugieren ideas de gobiernos con un gran desempeño. Basta señalar algunos ejemplos muy trillados de cómo se banaliza su verdadero significado con estilo: “la democracia y la rendición de cuentas”; “la transparencia y los derechos ciudadanos”; “la rendición de cuentas y el desarrollo”. Estas composiciones auguran interés en conferencias, publicaciones y seminarios, pero la verdad es que muchos de ellos, pese a su rimbombancia y a mencionarlas mil veces en distintas formas las palabras mágicas, no logran tener un eco convincente en la población. En tanto no se consolide un verdadero sistema transparente que rinda cuentas de las responsabilidades de los políticos y los burócratas, en la práctica no van a dejar de ser un cosmético que simule la lucha contra la ilegalidad, los abusos y las irregularidades.

La sociedad no es tonta y sigue viendo conductas poco éticas y vergonzosas muy enquistadas en los encargados de las funciones del Estado, esto opaca todos los esfuerzos que se han hecho por contar con leyes y con instituciones relacionadas con la materia. Desde hace más de diez años se han realizado modificaciones a nuestro marco jurídico y administrativo con el fin de contar con más mecanismos, sistemas e instancias de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Se crearon y fortalecieron las entidades de fiscalización superior en la federación y los estados; lo mismo sucedió con los institutos de acceso a la información pública. Se dotaron de funciones a los órganos internos de control y se abrió al público mucha información gubernamental a través de plataformas de Internet. 

No podemos negar que han habido importantes avances en ese terreno aunque, cómo dice el refrán, “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Los desfalcos siguen y los culpables recorren la pasarela política con absoluta impunidad. Muchos argumentan que el problema es que no hay castigos, otros dicen que no hay correlación en el tiempo entre lo que establece la norma y sus consecuencias, otros más que el problema está cuando el dinero de la federación llega a los estados, los más pesimistas hablamos de un problema cultural que proviene desde que Iturbide fue proclamado emperador y de ahí a la fecha los vocablos corrupción y servicio público se confunden. Quiero pensar que la solución está en hacer reformas constitucionales que de una buena vez tomen al toro por los cuernos, desde el imperativo fundamental de que es necesario ejercer la democracia exigiendo resultados o sanciones y tener los mecanismos para hacerlo.

Es cierto que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) cada vez audita un porcentaje más alto del presupuesto público, que cuenta con más reconocimiento y su eficiencia va en aumento. Sin embargo, se encuentra limitada por su propio marco jurídico; los informes se entregan catorce meses después de que se acaba un ejercicio fiscal. Para ese momento cualquier defraudador del erario podría estar en el rincón más paradisíaco del mundo en un Jacuzzi de champagne. Por otro lado, cuando se transfieren recursos a los demás estados de la república y éstos no tienen voluntad de dar información, resulta imposible fiscalizarlos y finalmente en los casos exitosos en los que la ASF encuentra alguna irregularidad administrativa que amerite alguna sanción como la inhabilitación, o incluso la cárcel y envía sus investigaciones tanto a la Secretaría de la Función Pública como al Ministerio Público, ahí simplemente no pasa nada. Son muchos los expedientes que se abren pero prácticamente al final de la película no hay culpables.

La ASF realiza un extraordinario trabajo para poder documentar el mal manejo del gasto público y las irregularidades estructurales no son una leyenda urbana. Al contrario, son tan constantes e ininterrumpidas que parecieran normales. Ante este panorama entonces ¿Cual es la salida? En principio la ausencia de la cultura y la ética en la que deben formarse los cuadros de los servidores públicos con base en esquemas y valores de honradez, responsabilidad y honestidad. Su actuación debe entenderse dentro de un encuadre en el que la rendición de cuentas sea una responsabilidad personalísima.

La solución más inmediata es que se aprueben las reformas que se han propuesto en la penúltima legislatura de Diputados y la actual legislatura en la Cámara de Senadores, que tienen como fin fortalecer la Fiscalización y la rendición de cuentas. Prevén que las auditorias de la ASF se puedan realizar durante el ejercicio fiscal y servir para corregir irregularidades dentro del año presupuestal; consideran la creación de un Sistema Nacional de Fiscalización que permitiría la acción coordinada de los entes de fiscalización superior de la federación y los estados, así como de los órganos de control interno y las instancias de evaluación de políticas públicas; reduciría notablemente los tiempos de entrega de informes para que se realicen inmediatamente al terminar el ejercicio fiscal; prevén un tribunal que pueda sancionar administrativamente por irregularidades en el manejo de las finanzas públicas; permitirán a los legisladores considerar en la discusión presupuestaria las evidencias de mal manejo del gasto detectadas por la ASF y prevén que haya mecanismos de participación ciudadana en la fiscalización de recursos públicos.

Seguramente estás reformas no serán suficientes para terminar con problemas tan graves como la corrupción y la impunidad, sin embargo son suficientes para que los políticos y funcionarios dejen de contarnos tantos cuentos y podamos dar el paso a una rendición de cuentas más sólida.

*Investigador de Políticas Públicas y Presupuesto, Fundar, Centro de Investigación y análisis. México.

 

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