19/12/2012 Ley de Justo Acceso al Hábitat

“Hay que castigar la especulación”

Lo afirmó Eduardo Reese, mentor del proyecto y profesor de la Universidad Nacional General Sarmiento. La iniciativa fue aprobada el mes pasado por la legislatura bonaerense. Entre otras cosas, propone la implementación de un programa de microcréditos para la reforma, ampliación y mejora de viviendas.

El 29 de noviembre pasado la legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley de Justo Acceso al Hábitat que promueve “la generación de proyectos habitacionales, de urbanización y regulación de barrios informales”.

La normativa es el resultado de un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de la Vivienda de la Provincia, el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de Buenos Aires (FOTIVA), y un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional General Sarmiento.

Eduardo Reese, uno de los creadores del proyecto y profesor de Gestión Urbana del Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento (ICO-UNGS), presentó la iniciativa en un encuentro organizado por la Fundación Techo en la Universidad de Palermo. 

En su discurso, Reese remarcó que “para abordar la problemática habitacional en la Provincia de Buenos Aires es fundamental castigar la especulación”. “Si yo me quedo sentado arriba de mi terreno y me lleno de plata sin hacer nada, lesiono un principio ético básico, que es el del enriquecimiento sin justa causa. Por lo tanto, hay que distribuir esos beneficios del proceso de urbanización de una manera más equitativa”, explicó. El especialista se refiere al artículo 51 de la Ley que plantea la cesión del 10% en urbanizaciones cerradas y grandes superficies comerciales, como lo son los barrios cerrados, countrys, hipermercados, shoppings y clubes de campo, que ocupen mas de 5 mil metros cuadrados.

Por otro lado, y en relación al juicio en contra de la norma que inició el Diputado bonaerense Francisco De Narváez (por considerar que lesiona los derechos de propiedad privada), Reese sostuvo: “Su argumento es que esta Ley va en contra del derecho de propiedad, pero esto sigue siendo tan sagrado como lo dice el artículo 17 de la Constitución. Lo que se plantea son limitaciones, que estaban en el código civil de Vélez Sarfield, no las inventamos nosotros”.

Además de generar recursos que permitan reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo, la nueva Ley también propone la implementación de un programa de microcréditos para la reforma, ampliación y mejora de viviendas. Por otro lado, estipula la creación del Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos.

En relación a estos puntos, Reese analizó: “La demanda de suelo en este país es muy diversa, pero la oferta es una sola: Una casita terminada, con llave en mano y hecha por una empresa constructora. Pero la realidad es que dos tercios de la demanda que tenemos no pide una casa nueva, sino que solicita que se le arreglen los techos, la ampliación de un dormitorio o la construcción de un baño”.

“La inaccesibilidad de los sectores pobres a la vivienda tenía que ver con ingresos insuficientes, precariedad e inestabilidad laboral. Lo que se hizo durante la última década fue poner en marcha una serie de políticas de viviendas de manera compensatoria. Con el tiempo, empezamos a notar que había otras cuestiones que explicaban este fenómeno, ya no solamente de los pobres, sino también de los sectores medios. La causa tiene que ver con los valores del suelo urbanizado (en Argentina son absolutamente obscenos) y con un conjunto de normativas urbanísticas totalmente desfasadas de la realidad. Para dar solución a eso, no sólo habría que poner en marcha políticas de vivienda, sino también políticas urbano habitacionales”, finalizó Reese.

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