19/12/2012 Opinión

La Justicia sobre el tapete

Por Facundo Martínez*. De la misma manera que Néstor Kirchner, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llevó la cuestión de los monopolios de los medios de información al centro del debate político, la presidente Cristina Fernández avisó que el próximo gran debate de la sociedad será la tardía democratización de la Justicia.

El cuestionado fallo del tribunal tucumano de la Cámara II en lo Penal, que absolvió a los trece acusados como partícipes necesarios y secundarios en el secuestro, sometimiento y desaparición de Marita Verón, actuó como disparador para algo que la presidenta venía insinuando a raíz de la judicialización de la Ley de Medios y las cautelares a la que dio lugar la Cámara Civil y Comercial para retardar la plena aplicación de la ley y favorecer la estrategia dilatoria del Grupo Clarín, que lleva tres años evitando cumplir las normativas y se niega a presentar su plan de adecuación en los plazos establecidos por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (ASFCA). Y que ahora apelará el fallo de fondo del juez Horacio Alfonso, quien  falló a favor de la constitucionalidad de la LSCA.

“Vamos a tener que poner en marcha, creo que la sociedad lo reclama y creo que todos deberán entenderlo, una democratización del Poder Judicial”, anunció la presidenta apenas se enteró del fallo absolutorio de los acusados en el caso Verón. El fallo del tribunal tucumano, compuesto por los jueces Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano, fue la gota que rebasó el vaso y que puso sobre el tapete cuestiones como el funcionamiento y la corrupción en el ámbito judicial. Para apuntalar su postura, la presidenta deslizó la idea de un “divorcio cada vez más evidente en la sociedad y la Justicia”.

Cierto es que, más allá de sus convicciones personales y políticas -vale recordar que el apoyo de los Kirchner a la causa de Marita viene desde el 2003-, el escenario post sentencia del cuestionado tribunal tucumano no resulta precisamente un mal escenario político para plantar bandera y reflexionar sobre la necesidad de discutir con todos los actores sociales involucrados una mayor transparencia del poder judicial. En el repudio al fallo del tribunal tucumano se encontraron prácticamente todos, oficialistas y opositores, la sociedad en su conjunto.

La madre de Marita Verón, incansable luchadora contra la trata de personas y, por eso, candidata al Premio Nobel de la Paz, Susana Trimarco, calificó de “aberrante y corrupta” la absolución y de “atorrantes” a los tres jueces, quienes en los argumentos de la sentencia dijeron no tener pruebas suficientes contra los acusados, incluso a pesar de las testigos, víctimas también de la trata por parte de ese mismo núcleo, quienes se animaron a contar su verdad ante los jueces y no fueron escuchadas.

“No bajaré los brazos, por mi hija y por todas las hijas del país, estoy más fuerte que nunca”, avisó Trimarco, quien junto a los abogados de la Fundación María de los Angeles apelará la sentencia y -con el apoyo de los gobiernos nacional y provincial- impulsará el juicio político contra el tribunal tucumano, sospechado de haber recibido dinero de las redes de tratas, los únicos en esta triste historia que acaso tuvieron motivos para festejar el fallo en cuestión. “Hay que sacar toda la basura para que Tucumán florezca”, fue la metáfora elegida por Trimarco, quien tras el polémico fallo se reunió con la presidenta en la Casa Rosada. “Nuestra querida presidenta me ofreció todo el apoyo. Me dijo que tenemos que cambiar la Justicia, que no podemos permitir que la Justicia sea injusta”, comentó.

Ahora bien, todavía no hay indicios sobre cuáles serán los  cambios a los que será sometido el Poder Judicial, más allá de que los primeros flancos débiles parecen ser sus privilegios, como la exención del pago del impuesto a la ganancias, que disfruta buena parte de la “familia judicial”; o la eternización de los jueces en sus cargos, muchas veces elegidos por sistemas poco transparentes, más allá de las apariencias.

La idea esbozada por algunos referentes del kirchnerismo de elegir a los magistrados por voto popular, como sucede, por ejemplo, en los otros poderes del Estado, tiene tantos entusiastas como detractores, entre ellos el progresista ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien en declaraciones a CN23 rechazó de lleno la propuesta. “Hay que agilizar y transparentar el sistema de concursos", acordó con la postura oficialista, pero calificó de “una locura” las elección por voto popular. “Al Poder Judicial hay que democratizarlo, pero el propio poder debe tener cuidado de no ocupar el espacio de los otros poderes", alertó.

En sintonía con la idea del Gobierno, el constitucionalista Eduardo Barcesat, en cambio, apuntó a la agencia Télam que el primer requisito para la democratización del Poder Judicial es implementar los juicios por jurado -”con un jurado integrado por representantes del pueblo, el fallo de Marita Verón hubiera sido distinto", opinó-; además, avaló la idea de “renovación y validación” de los cargos de los jueces ante el Consejo de la Magistratura por períodos de siete u ocho años”; y apoyó la idea de que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia “sean elegidos” por la voluntad popular. "Es un cargo político y por eso me parece que si hay un principio de soberanía del pueblo, deben ser electos por voluntad popular", sentenció. El debate está abierto.

(*) Sociólogo y periodista.

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