04/01/2013 Un negocio que crece año tras año

Agroquímicos: polémica en torno a su uso y fiscalización

En el 2011 los herbicidas aumentaron su facturación en un 59%. Diversos especialistas aseguran que no existe mucho control “en las condiciones de comercialización”. La Auditoria de la Nación recomendó “realizar monitoreos permanentes”.

Según datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), el mercado argentino de agroquímicos superó en 2011 los 2.000 millones de dólares. Los químicos más demandados fueron los herbicidas e insecticidas. Mientras que los primeros, cuyo principal producto es el Glifosato, incrementaron su facturación un 59%, los segundos, a pesar de haber sufrido una contracción en relación a 2010, representan el 17% del mercado.

Hoy en nuestro país se comercializan más de 500 tipos de agroquímicos. Sin embargo, mientras el negocio crece cada vez más, se plantea la discusión en torno a la sustentabilidad y control del cultivo.

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este año un informe sobre el desempeño del Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad (SENASA) en relación a la fiscalización de las empresas productoras de agroquímicos. Para el organismo de control es “imprescindible que el Estado extreme las medidas de control sobre los agroquímicos desde su producción hasta su disposición final”. “Resulta fundamental realizar monitoreos permanentes de los alimentos para detectar la presencia de residuos con el fin de garantizar la salud de los ciudadanos”, destaca el informe.

Gestión Pública se comunicó con el SENASA para contrastar esta información, pero al cierre de esta edición, el ente de sanidad no brindó declaraciones sobre el tema.

El ingeniero agrónomo, miembro de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (REPAL), Javier Souza Casadinho afirmó a este medio que “no hay demasiado control en las condiciones de comercialización”. Además, denunció que en Argentina se permite la aplicación de determinadas sustancias que “están prohibidas en otros países (como el Endosulfán)”.

En sintonía, el investigador del CONICET y profesor titular de eco-toxicología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Rafael Lajmanovich, consideró que resulta “difícil fiscalizar a aquellas provincias que tienen miles de hectáreas cultivadas”. “No creo que exista una fuerza de control tan grande que pueda abarcar semejante cantidad de terreno”, enfatizó.

Por su parte, el Director Ejecutivo de CASAFE, Juan cruz Jaime, explicó que “el SENASA es un ente reconocido mundialmente por los altos estándares de calidad que promueve”. Según remarcó, “trabajamos codo a codo y estamos conformes con su desempeño para la regulación de los agroquímicos”.

Un sistema desarticulado.

La AGN analizó también el Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB). A través del SIFFAB, SENASA tiene la facultad de aplicar sanciones y retirar de la venta aquellos productos que no se encuentran registrados.

Según observó la Auditoría, la articulación con los organismos provinciales y municipales, que son quienes deberían proporcionarle toda esa información al SENASA, “es escasa”.

Desde la AGN indicaron que hay una demora en “la aplicación de posibles sanciones” porque las muestras de los productos que se toman durante las inspecciones –y que se envían a analizar a los laboratorios del SENASA- “registran retrasos a la hora de emitir los resultados”.

Desde CASAFE manifestaron su desacuerdo en relación al desempeño de este sistema. “El SENASA nos fiscaliza, controla y regula. Tenemos reuniones conjuntas y cuando hay una consulta pública siempre respondemos”, expresó el director ejecutivo de la Cámara.

En contraposición, Souza Casadinho cuestionó el modo en que se categorizan a los agroquímicos a través de la dosis letal media: “Este procedimiento es insuficiente. Se determina la toxicidad de estos productos de acuerdo a la cantidad de ratas que mueran luego de ingerirlos. Es decir, cuanto más pueda comer el animal antes de morir, el producto será menos toxico”, explicó y advirtió que esta modalidad “no tiene en cuenta las enfermedades crónicas que pueden generar los agrotóxicos”.

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