16/01/2013 En Tierra del Fuego

Los integrantes del Tribunal de Cuentas ganarán más que la Gobernadora

Fabiana Ríos decidió congelar su remuneración y la de diversos funcionarios de alto rango de su gabinete. Mediante una presentación judicial, desde el organismo de control local lograron excluirse de la medida, razón por la cual tendrán un sueldo mayor al de la mandataria provincial, situación prohibida por la Constitución.

Mediante un decreto (Nº 2645/12), la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, congeló su remuneración y la de otros funcionarios públicos del gabinete provincial. Los integrantes del Tribunal de Cuentas lograron excluirse de la medida mediante una presentación judicial, por lo que ahora pasarán a cobrar un sueldo mayor al de la mandataria, situación prohibida por la Constitución de la provincia.  

Ante la medida de la gobernadora fueguina, los vocales del Tribunal de Cuentas acudieron al Superior Tribunal de Justicia (STJ), desde donde se determinó que el decreto no es aplicable a los miembros del organismo de control. De todos modos, según la secretaria general de la Asociación del Personal de los Organismo de Control (APOC) de la seccional Tierra del Fuego, Elisa Dietrich, “el reclamo no se presentó respecto al sueldo del personal en general, sino hacia los haberes de los propios vocales”, por lo tanto explicó: “Si un empleado del Tribunal supera el tope y se ve afectado, va a tener que hacer el reclamo de forma independiente”.

Sucede que, tal cual lo describe el Artículo 71 inciso 4 de la Constitución provincial, “la remuneración por todo concepto que perciban los empleados y funcionarios públicos, tanto electos como designados, de cualquiera de los tres poderes provinciales, organismos y entes  descentralizados, en ningún caso podrá superar a la del gobernador de la Provincia”.

Igualmente, en diálogo con gestionpublica.info, Dietrich sostuvo que “las presentaciones judiciales que se realicen seguramente serán favorables a los demandantes”. “Una cosa es la Ley y otra un decreto. Ríos podrá tomar decisiones sobre su propio haber y sobre su plan político, que podrá acatarse o no. Ahora bien, sobre el resto podrá imponerse o no, porque lo que prevalece es la Ley y no la voluntad política de una gobernadora”.

Respecto al decreto en sí, Dietrich estimó que “fue una decisión política tomada por Ríos a los efectos de acallar un poco los comentarios acerca de su crecimiento patrimonial en el último año y especialmente porque no estaba concediendo aumentos salariales a los trabajadores”.

Por último, y en torno al debate sobre la Ley de Ética Pública y el deber de los funcionarios de justificar sus ingresos, la secretaria general de APOC Tierra del Fuego comentó que en la provincia “es una práctica común”. “Las Declaraciones Juradas son obligatorias y vinculantes. En el caso de que no se presente en tiempo y forma al momento de iniciar una gestión no se puede asumir”, completó. 

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