17/01/2013 Hacia una Ley de ética pública

“Falta exigencia de transparencia por parte de la sociedad”

Lo aseguró el diputado nacional por el GEN, Omar Duclós. Es autor de un proyecto que busca que los funcionarios justifiquen su patrimonio en una audiencia pública. Según remarcó, este mecanismo facilitaría el control ciudadano.

Luego del cruce entre la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el actor Ricardo Darín por el crecimiento patrimonial de la mandataria, la necesidad de contar con una Ley de ética pública en la provincia de Buenos Aires volvió a instalarse en la agenda política. Entre otras cosas, la jefa de Estado aseguró que “sería bueno, sano y transparente para el sistema democrático si todas las declaraciones juradas de los gobernadores, intendentes, jueces, magistrados o ministros de la Corte estuvieran a disposición de toda la sociedad”.

El conflicto motivó también a que el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, admitiera que la normativa “es una deuda que tiene la acción de gobierno de cara a la ciudadanía”. Además, se comprometió a alentar una nueva ley provincial de ética pública (actualmente hay un decreto) y “avanzar hacia la transparencia”. Tras sus dichos, se reactivaron diferentes iniciativas vinculadas a la materia que serán nuevamente impulsados tanto en la legislatura bonaerense como a nivel nacional.  

Omar Duclós, diputado nacional por el GEN, es autor de un proyecto de Ley que busca que los funcionarios públicos justifiquen su evolución patrimonial en una audiencia pública. Las mismas, deberán ser convocadas una vez finalizado el mandato o ante la asignación en el cargo. Según dijo, este mecanismo “facilitaría el control ciudadano”. Por otro lado, en la cámara Alta bonaerense está pendiente de tratamiento el proyecto del senador por el Frente Amplio Progresista (FAP) Ricardo Vázquez que impulsa una la Ley de Ética Pública en la Provincia de Buenos Aires. Tanto Duclós como Vázquez dialogaron con gestionpublica.info y explicaron los fundamentos de sus propuestas.

Para el senador del FAP, la Ley de ética pública “es una deuda que tiene Mariotto con toda la Legislatura”. “En la actualidad hay un decreto vigente que establece un sistema de declaraciones juradas pero que no es obligatorio. En definitiva, lo que vemos en la Provincia de Buenos Aires es que ninguno de los funcionarios tenemos una obligación formal de presentar nada, salvo que alguien voluntariamente lo quiera hacer”.

Según Vázquez, transparentar los ingresos de los funcionarios también ayudaría a “gobernar con mayor eficacia”. “Si establecemos algunas reglas más claras creo que beneficiaríamos al sistema democrático, porque habría una mayor confianza de la gente hacia sus representantes, que es una de las crisis que tiene Argentina”, agregó.

Por último, el senador explicó: “Se trata de fijar una pauta a la que todos debemos someternos, de tal manera que el ciudadano tenga la posibilidad de informarse sobre si determinado funcionario gana lo que dice o si tiene alguna empresa que sea proveedora del Estado”.

Por su parte, Duclós hizo referencia a la actual Ley de Ética Pública, que obliga a los funcionarios de los tres poderes a presentar una declaración jurada al asumir el cargo, luego anualmente y la última al finalizar el mandato, pero que no tiene publicidad: “Es importante que no sólo nos quedemos con la información de la declaración jurada como foto de la situación patrimonial en un momento dado, sino que se pueda ver la evolución y que la ciudadanía pueda participar y observar las declaraciones”.

Para el diputado nacional, además de voluntad política “falta exigencia de transparencia por parte de la sociedad”. “La demanda social sólo aumenta cuando hay un deterioro en las condiciones socioeconómicas. Ahí la corrupción comienza a ser una preocupación más importante porque nos toca el bolsillo. Es cuando nos damos cuenta que la corrupción no tiene sólo una dimensión ética sino económica, porque los fondos que se van con la corrupción son recursos de todos”, remarcó.

Para finalizar, Duclós se refirió a su propia experiencia. Siendo intendente de Azul, 30 días antes de finalizar su gestión convocó a una audiencia pública y describió su situación patrimonial tanto cuando ingresó al Gobierno como al concluir su mandato.

“La respuesta de los vecinos fue muy buena. Había un reconocimiento social a la transparencia de la gestión y eso es lo que me llevó a trasladarlo a nivel nacional.
Hay que ser honesto y honrado en la gestión pública y al mismo tiempo que la comunidad pueda verificarlo”, concluyó.

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