02/06/2011 Una norma de 2006

El desalojo indígena en Formosa y una ley que no se cumple

Se trata de la ley 26.160, que declaraba la emergencia territorial y suspendía los desalojos hasta tanto se relevaran los terrenos. Pero el trabajo nunca se realizó. Por lo ocurrido en la provincia, donde hubo al menos dos muertos, culpan al Estado local y a un instituto nacional que entiende en los asuntos de los pueblos originarios.

El desalojo de la comunidad Qom de La Primavera en Formosa, en el que murieron al menos dos personas a raíz de la represión policial, cuenta con el agravante de desconocer una ley nacional que prohíbe los desalojos de pueblos originarios.

La Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena está dirigida fundamentalmente a suspender los desalojos de estas comunidades. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realiza un relevamiento jurídico, técnico y catastral de los terrenos.

La norma fue sancionada en noviembre de 2006 por el Congreso de la Nación. El plazo de la emergencia declarada era de cuatro años, pero como hasta fines de 2009 no se había realizado el relevamiento, los legisladores nacionales prorrogaron la ley hasta noviembre de 2013.

El artículo segundo de la ley dice específicamente: “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”.

Según Pablo Chianeta de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo de Formosa (APCD): “El relevamiento en la provincia de Formosa no se ha realizado y lo de la comunidad de La Primavera es una vista clara y palpable de que el segundo objetivo, que era frenar los desalojos, tampoco se pudo ejecutar”, y aseguró que “Formosa, siempre se puso en contra de la aplicación de la ley por distintos motivos, el ministro de Gobierno decía que en la provincia los aborígenes no tienen problemas de tierras, nosotros lo desmentimos y estamos en contra de esto”.

Desde la APCD, junto con otras cincuenta organizaciones de la provincia, intentaron dirigirse a diferentes miembros del INAI, como autoridad de aplicación de la ley 26.160, para pedir su cumplimiento. Sin embargo, no obtuvieron respuestas favorables.

Según relató Chianeta, “el ex presidente del INAI, Horacio Pascual, antes de irse de la presidencia hizo una carta, donde dice directamente que Formosa no ha demostrado voluntad política para la ejecución de la ley”. Por otra parte, el representante de la APCD opinó que “el INAI es una institución totalmente inoperante, dependen de las políticas de negociación que tienen con las provincias. El INADI, que está un poquito mejor ranqueado, no hace resoluciones de cumplimiento obligatorio, es un organismo que dice `debería ser por acá´, pero no le complica la vida a nadie”.

Hace pocos meses, el INAI firmó un acuerdo con el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa (ICA), donde establece que este organismo, dependiente del gobierno de la provincia, es el único autorizado a realizar el relevamiento de las comunidades indígenas. Chianeta, sostuvo que las comunidades rechazaron este acuerdo ya que no se las considera como palabra prioritaria.

Esta decisión de hacer el relevamiento sólo con funcionarios de gobierno, además, contradice el artículo tercero de la ley, donde se establece: “El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales”.

En tanto, APCD y otras organizaciones de la provincia escribieron un comunicado en que identifican como responsables de lo ocurrido en la Comunidad Qom de La Primavera “al Estado provincial en sus distintos niveles, todo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que en sus manos tuvieron herramientas para resolver el conflicto mucho tiempo antes, y comparten responsabilidad a nivel nacional el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas organismo responsable de la falta de aplicación de la ley nacional 26160 de emergencia territorial”.

Por último, Chianeta alertó “Vemos que esto puede repetirse, no solo las balas, la represión policial, los paramilitares, que desde ya es deleznable y que tenemos que condenar, sino el mecanismo de respuesta a los problemas sociales”.

 

 

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