27/02/2013 Columnista invitado

Argentina, Irán y la “Comisión de la Verdad”

Por Atilio A. Boron. Un tema que ha ganado importancia en la opinión pública es el del acuerdo que el gobierno nacional selló con la República Islámica de Irán para establecer una “Comisión de la Verdad”. Según se informara, tendrá como misión -una vez aprobada por los parlamentos de ambos países- dilucidar las responsabilidades que le pudieran caber a los iraníes que, de acuerdo a la justicia argentina, fueron quienes llevaron a cabo, instigaron o facilitaron el atroz atentado contra la sede de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires.

Numerosas voces se alzaron contra esta decisión, en algunos casos acusando a la Casa Rosada por esta supuesta “cesión de soberanía”. No deja de ser un dato significativo que esta imputación fuese formulada en algunos casos por individuos o sectores que en el pasado convalidaron o aplaudieron verdaderas cesiones de soberanía. Por ejemplo, cuando bajo fuerte presión de Estados Unidos la Argentina tuvo que abandonar, en 1993, el proyecto del misil “Cóndor”, una iniciativa del programa aeroespacial argentino que sólo la paranoia que periódicamente se apodera de Washington podía calificar como de carácter bélico.

Para evaluar con sobriedad el acierto o el error de la propuesta que estamos comentando, y que en estos días está siendo debatida en el Congreso Nacional, es preciso partir preguntándose si efectivamente la Argentina tiene o no un caso, como se dice en el lenguaje judicial. A nadie se le escapa que a casi veinte años de la tragedia de la AMIA la insanable -a estas alturas- fragilidad de la instrucción del proceso tiene como lógico corolario la ausencia de pruebas fehacientes que permitan condenar a los acusados. Así lo entendió el juez inglés cuando, a causa de una orden de captura emitida por la justicia argentina a través de Interpol, las autoridades policiales británicas aprehendieron en 2003 al ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour. Luego de examinar las pruebas y evidencias remitidas por el juez Juan José Galeano acompañando la orden de captura, el juez concluyó que nuestro país “no tenía un caso”  y dispuso la inmediata liberación del detenido. No sólo eso: ordenó que se le pagara una indemnización de 20.000 libras por daños y perjuicios a la vez que obligaba al gobierno argentino a pagar las costas del juicio.

Las supuestas pruebas aportadas por la justicia argentina eran poco más que una serie de recortes de periódicos e informes aportados por organismos de inteligencia de Estados Unidos e Israel, no precisamente caracterizados por su objetividad e imparcialidad en este caso. Lo dice, por ejemplo, James Cheek, ex embajador de Estados Unidos en Buenos Aires en una entrevista concedida a The Nation: "Para mi conocimiento nunca existió real evidencia de la responsabilidad iraní, nunca aportaron nada importante. La más relevante pista del caso surge de un desertor iraní llamado Moatamer Manucher, quien era un ex funcionario disidente de bajo rango y sin el acceso a las decisiones gubernamentales que él decía conocer. Finalmente decidimos que no era creíble."[1] Fue por esto mismo que el fallo del juez británico decretó la no culpabilidad del acusado, aunque no su inocencia. Pero la justicia debe presumir la inocencia de los procesados hasta que se pruebe lo contrario, “más allá de toda razonable duda.”

En el caso que nos ocupa esas pruebas no pudieron despejar esas dudas. Su decisión, por lo tanto, no puede causar sorpresa alguna, salvo para quienes ignoren las enormes deficiencias de la justicia argentina, especialmente en el fuero federal. Causas que se demoran décadas; procesos plagados de vicios de fondo y de forma; sentencias absurdas, cuando las hay y regímenes especiales de cumplimiento de las penas hacen que sean pocos, muy pocos, los ciudadanos argentinos que confían en nuestra justicia. Recordemos, además, que el juez que llevó el caso de la AMIA, Juan José Galeano, fue expulsado de su cargo por las irregularidades cometidas durante la instrucción; todos los investigadores que la tuvieron a su cargo terminaron en la cárcel o procesados y los fiscales también fueron expulsados. El actual, Alberto Nisman, ha sido señalado en los Wikileaks como un hombre de frecuentes contactos con la embajada de EEUU en Buenos Aires, lo que siembra dudas sobre la objetividad de su actuación como fiscal. Dados estos antecedentes, ¿es razonable pedirle a las autoridades iraníes que confíen en la vigencia del debido proceso en la Argentina?

El empecinamiento con que sucesivos gobiernos trataron de culpabilizar a Irán por el crimen perpetrado en la AMIA tropezó con un callejón sin salida. Las sospechas o las conjeturas no son admitidas como pruebas en un estrado judicial. Continuar como hasta ahora, después de diecinueve años de estancamiento, no es una opción razonable. Una “Comisión” como la que se procura establecer tiene algunas pocas chances de encontrar una salida que nos permita normalizar nuestras relaciones con un país que las tiene con varios amigos de la Argentina. Críticas mal intencionadas se limitan a señalar a la Venezuela bolivariana, ocultando deslealmente el hecho de que Irán es un muy importante socio comercial de Brasil y, ¡stupor mundi!, de un conjunto de países europeos, encabezados por la mismísima Alemania y seguida por Holanda, España, Reino Unido, Italia y Francia, países que en los últimos años y pese a las restricciones impuestas por Estados Unidos invirtieron casi once mil millones de dólares en la República Islámica, al paso que los Emiratos, Singapur, Indonesia y Omán invirtieron algo más que esa cifra. Irán mantiene asimismo estrechos lazos comerciales con India, Japón, China y Corea del Sur, además de los países ya mencionados. En pocas palabras: son pocos los ingenuos que creen en la imagen diabólica  y terrorista de Irán que difunde la prensa influenciada por la Casa Blanca y Tel Aviv.  

(1) Ver Gabriel Levinas, “El pacto con Irán dejará libres a los culpables”, La Nación, 2 Febrero 2013.

 

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