13/02/2013 Opinión

Paliativas para frenar la inflación

Por Facundo Martínez*. El acuerdo para el congelamiento de precios que se puso en vigencia la semana pasada encuentra en la sociedad posiciones encontradas, defensas acérrimas y críticas orondas y, como para no dejar de sorprenderse, hasta una nueva modalidad en la batalla dialéctica: la guerra de publicidades de la que todos los diarios de circulación nacional han dado cuenta en los últimos días; y en la que también se destacan una significativa serie de la ANSES, a propósito del dinero que “dicen” aporta a los programas Conectar Igualdad o Fútbol Para Todos.

Tras negar aportes específicos en estos rubros, la ANSES termina sus publicidades con una afirmación polémica y categórica: “La cantidad de mentiras que el diario Clarín realiza diariamente es mucha; informarnos e informarte es la única forma que tenemos de defendernos u contarte cómo son las cosas en realidad”. A las mismas armas acude el diario Clarín para cuestionar los supuestos efectos colaterales del acuerdo de precios que la secretaría de Comercio de Guillermo Moreno alcanzó con distintos grupos empresarios principalmente en alimentos, pero que con el correr de los días se extendió a otras ramas del comercio como, por ejemplo, las cámaras que nuclean a las librerías y a los productores de artículos escolares, y, más recientemente, las cámaras que nuclean a las empresas de medicina prepaga y los prestadores de servicios de salud, según lo informó la superintendencia del área.

Cuestionan desde el matutino que el acuerdo de precios, que rige desde el 1º de febrero al 1º de abril, no sea precisamente un control estricto de precios –cuyos números deberían quedar claros y visibles; ese no es el caso-, sino un mero “pacto de caballeros” no escrito entre los sectores involucrados en la producción y venta de productos de consumo masivo, y subyace en el cuestionamiento la advertencia de que, cumplidos los plazos, los precios se disparen significativamente.  

No es nueva la cuestión de introducir el miedo como herramienta para direccionar el comportamiento colectivo en beneficio de los sectores poderosos de la sociedad. El editor de economía del diario Página 12, Alfredo Zaiat, da cuenta pormenorizada de este mecanismo en su artículo “La economía del miedo” (9/2/13), en el que repasa la utilización de teorías conspirativas o la recurrencia a análisis apocalípticos, los cuales han reinado casi sin oposición al menos hasta la revolución provocada por las nuevas formas de acceso a la información, potenciadas en la actualidad por los mecanismos de recirculación como pueden ser las redes sociales.

Llamó la atención en estos días convulsionados, una publicidad a página entera en los diarios Clarín y La Nación, firmada por CEMCI (Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes), que advierte sobre una presunta presión, en el marco del acuerdo de precios, a la que serían sometidos los supermercados y las cadenas de electrodomésticos por Comercio para no publicitar sus ofertas en diarios, radio y televisión. “Ahora, por presión oficial, vas a tener que comprar a ciegas”, reza la publicidad a página completa que muestra a un hombre y una mujer con los ojos vendados.

Sin embargo, la publicidad no parece tener mayor sustento en las voces de sectores involucrados en los acuerdos de precios. La subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucia Colombo –segunda en la cadena de mando de la cartera de Moreno-, destacó que la prohibición del Gobierno para que los supermercados difundan sus ofertas “es un invento de ciertos medios” y remarcó que los acuerdos de precios no involucran las políticas comerciales de parte del empresariado de las ramas en cuestión.

El oficialista diario Tiempo Argentino, publicó un artículo en el que los diferentes bancos protagonistas de promociones con tarjetas de crédito hayan suspendido sus estrategias de marketing debido al acuerdo de precios: Credicoop, Galicia, Itaú, Banco Provincia, HSBC y Standard Bank, por nombrar algunos de los principales bancos del país, continúan llevando adelante sus políticas de descuentos y promociones en supermercados y electrodomésticos. Por otra parte, los propios empresarios se han encargado de desmentir algunas denuncias de desabastecimiento, aclarando que los faltantes que se han registrado en productos como yerba, aceite o azúcar no son consecuencia de este último acuerdo, sino que, por el hecho de estar atados a los precios máximos estipulados por el Gobierno con anterioridad, tienen una alta demanda en las góndolas por lo que incluso se limita la cantidad de productos por comprador.

Otra cuestión interesante para destacar en el marco del acuerdo de precios es la participación de las distintas asociaciones de consumidores, convocadas por la subsecretaría correspondiente a sumarse a la fiscalización para el correcto cumplimiento de la medida por parte de los comercios. A esto se agrega, además, la línea gratuita puesta por el Gobierno, a través de Consumidores, para recibir denuncias por alteraciones o variaciones de precios durante estos 60 días de vigencia.  

La secretaría de Comercio se ha mostrado satisfecha por lo ocurrido en la puesta en marcha del acuerdo. Los supermercadistas, por su parte, han exhibido un relativo entusiasmo y también desmentido algunas teorías que abonaban versiones sobre una corrida de precios posterior al vencimiento del acuerdo. Los más entusiastas, incluso, creen posible la extensión del plazo del congelamiento de precios en determinados productos hasta los seis meses.

Si es o no esta una medida eficaz para la lucha contra la inflación, que preocupa a la Argentina e incluso a unos de sus aliados estratégicos Venezuela –que con un ritmo inflacionario anual del 22 por ciento se vio obligada a devaluar la semana pasada el bolívar en un 32 por ciento-, o si simplemente se trata de un parche remendón en el marco de las negociaciones salariales que comienzan a tomar forma en estos meses, es algo que no se puede anticipar por estas horas. Pero, sin dudas, el hecho de que sean varios los actores que se sumen al frente en esta pelea no es algo para mirar con desprecio. La inflación es un problema que afecta a todos los argentinos, y cuantas más ramas de actividades y más actores sociales se comprometan con el problema, mayores serán las posibilidades de éxito.

Claro es que este contexto puede acarrearles a los trabajadores una dificultad extra en sus respectivas negociaciones paritarias. Sabido es que el Gobierno, con el anuncio de la suba del 20 por ciento a los montos del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, de alguna forma intenta darle un techo a las demandas de aumento de sueldos. De hecho, la primera paritaria que logró un cierre fue la de los aceiteros y afines: y, ¡vaya casualidad!, el aumento será del 20 por ciento, retroactivo al 1º de enero, y el básico pasará de 6.200 a 7.440 pesos.

Si bien este acuerdo es el primero homologado por el Ministerio de Trabajo en 2013, no necesariamente implica que el resto de los gremios lo tomen como referencia. Las cinco centrales obreras apuntan a lograr acuerdos superiores al 25 por ciento. Puestos los números crudos sobre el tapete, sumados al escenario planteado con el acuerdo de precios para ponerle coto a la inflación, cualquier negociador de manual situaría su número -debajo del cual se rompe la negociación- en la mitad del camino de la brecha entre la oferta y la demanda. Y el propio Hugo Moyano, en sus épocas de aliado indiscutible del matrimonio Kirchner, solía decir -a propósito de esta cuestión trascendental para los bolsillos de los trabajadores- que un indicador de que las negociaciones habían concluido bien como tal era que las partes se retiraran de la mesa al menos un poco disconformes.

*Sociólogo y periodista.

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