14/02/2013 San Juan

Pese a la posible amenaza de impacto ambiental, avalan proyectos mineros en zonas glaciares

Una auditoría oficial de la provincia asegura que la actividad no afecta el área protegida. Sin embargo, desde Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, entre otros, alertan que 300 hectáreas corren peligro. Gestionpublica.info habló con el responsable del informe, quien aseguró que “toda la información utilizada en el análisis no da cuenta de la existencia de la afectación”.

Según una auditoría solicitada por el gobierno de la provincia de San Juan, los proyectos mineros de Pascua Lama y Valadero “no afectan” zonas glaciares y periglaciares. El informe detalla que “no se verifica impacto ambiental significativo generado o potencial sobre las geoformas protegidas y existentes en el ambiente glacial y periglacial”. Sin embargo, diversas organizaciones ambientalistas alertan que 300 hectáreas corren peligro.

“El informe admite que el proyecto Pascua Lama afectará alrededor de 300 hectáreas de permafrost (suelo congelado que está protegido por la Ley de Glaciares y que forma parte del ambiente periglacial)”, sostiene el documento firmado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas.

El titular del departamento de Hidráulica de San Juan y responsable de la auditoria, Jorge Millón explicó a gestionpublica.info que toda la información utilizada en el análisis “no da cuenta de la existencia de la afectación”. “Los estudios que reconocen lo contrario son aseveraciones muy vagas”, criticó el funcionario.

Uno de los temas en discusión en torno a la auditoría es la definición de ambiente periglacial. De acuerdo a la Ley de Glaciares (Nº26.639) (ver aparte), esta área opera como “regulador del recurso hídrico” tanto en la alta montaña como en la media y baja. Para la directora ejecutiva de FARN, María Eugenia Di Paola “este es el punto neurálgico que incluso se debatió en el Congreso Nacional antes de sancionar la normativa”. Además, explicó que la definición que figura en la norma es una “definición técnica que fue discutida entre varios especialistas”.

En cuanto al informe elaborado por la provincia de San Juan, Di Paola cuestionó: “Es un problema que se comiencen a aceptar auditorias que restrinjan el ambiente periglacial. Esto va en contra de la Ley”.

El documento, presentado por el gobernador José Luís Gioja junto con Millón el pasado 29 de enero pasado, debe ser aprobado aún por el Consejo Provincial para la Protección de Glaciares y luego girarse al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), que es el órgano encargado de realizar el Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial que establece la Ley 26.639, y a la Secretaría de Ambiente de la Nación.

Entre otras cosas, las organizaciones ambientalistas cuestionaron también la participación de Millón en la auditoria ya que se lo vinculó laboralmente con la minera Barrick Gold (duramente cuestionadas el perjuicio a los glaciares).

Consultado sobre este punto, Millón aseguró: “Soy funcionario desde el año 2003. Con mi incorporación a la función pública renuncié a mis cargos en la facultad. Por este tema me denunciaron en la Legislatura provincial, pero desestimaron la imputación porque mi colaboración en la empresa no fue en simultáneo con mi trabajo en el gobierno”.

Según explicó, fue director del Instituto de Investigaciones Hidráulicas que depende de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. En 1999 formó parte de una investigación para determinar los caudales de ríos y arroyos en las zonas donde están emplazados los proyectos mineros de la empresa Barrick.

Por último, María Eugenia Di Paola consideró que, en relación a este conflicto ambiental, hay un marco importante para la participación de la Auditoria General de la Nación (AGN). “La AGN podría evaluar la función de la secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación de la Ley de Glaciares o el desempeño del IANIGLIA a la hora de elaborar el inventario. Si bien hay un tema de autoridad provincial, el organismo de control podría analizar las funciones y competencias del gobierno nacional con respecto a las provincias”, concluyó la directora ejecutiva de FARN. 

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