28/02/2013 Columnista

La “re-nuclearización” de América Latina

Por Atilio A. Boron. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial los sudamericanos podíamos ufanarnos de que la nuestra era una “zona de paz”, sin la amenazante presencia de armas nucleares. Hubo, sin duda, a lo largo de esos años algunos episodios bélicos, pero ninguno de una magnitud comparable a lo que esta misma región había conocido en la primera mitad del siglo veinte como, por ejemplo, la sangrienta Guerra del Chaco que enfrentó a los pueblos de Bolivia y el Paraguay.

Posteriormente hubo incidentes armados entre Perú y Ecuador, o situaciones que nos pusieron al borde de una guerra como la que precipitaron las dictaduras de Argentina y Chile a finales de los años setenta. Pero la Guerra de las Malvinas, en 1982, y sus secuelas, pusieron fin a tan afortunada situación. Ya durante el desenvolvimiento del conflicto hubo sospechas, en Londres tanto como en Buenos Aires, de que la flota inglesa portaba consigo armamento nuclear. Estos temores se ratificaron plenamente cuando, una vez finalizada la contienda, la Corona británica decidió reforzar su presencia militar en el Atlántico Sur admitiendo tácitamente la presencia de cohetería nuclear en las Islas Malvinas.

Hoy en día las sospechas han dado paso a la absoluta convicción de que el Atlántico Sur ya dejó de ser lo que era y que las esperanzas que suscitara el Tratado de Tlatelolco -firmado el 14 de Febrero de 1967 y entrado en vigencia el 25 de Abril de 1969- al prohibir la existencia de armas nucleares en América Latina se ha convertido, desgraciadamente, en un instrumento jurídico avasallado por las realidades de la geopolítica mundial.

Claro que no sólo hay armas de destrucción masiva en Malvinas; existen fundadas sospechas que también las puede haber en Colombia. La firma en 2009 de un acuerdo bilateral de ayuda militar entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Barack Obama y Álvaro Uribe respectivamente, abona estos recelos. Ya desde el lanzamiento del Plan Colombia, en 2000, se temía que la desorbitada militarización que sobrevendría en ese país a partir de la iniciativa de Washington pudiese desembocar en la instalación de armas de destrucción masiva en la región. Con el acuerdo bilateral –por el cual Colombia cedía el uso de por lo menos siete bases militares a Estados Unidos- esos temores se convirtieron en dolorosas realidades. Los términos del acuerdo permiten, entre otras cosas, la libre internación y salida de cualquier cargamento amparado por el mismo sin que las autoridades aduaneras, militares o policiales colombianas puedan inspeccionar su contenido.

Hasta el momento de escribir estas líneas la UNASUR no ha logrado el consenso necesario para organizar un equipo que tenga a su cargo la inspección de los equipos y armamentos existentes en esas bases. Súmesele a lo anterior un dato muy significativo: si hace veinte o treinta años Estados Unidos tenía unas pocas bases militares en la región –un puñado fuera de sus tradicionales plazas fuertes en Guantánamo, Cuba; y la base Roosevelt, en Puerto Rico- su número asciende en la actualidad a setenta y seis que se encuentran en casi todos los países de la región, con pocas excepciones. Tamaño despliegue militar es inconcebible, en las condiciones de la guerra actual, sin la existencia de armamentos “no convencionales” (eufemismo para designar armas nucleares o de destrucción masiva), especialmente cuando se tiene en cuenta el cambio en la estrategia global de Estados Unidos después del 11-S: una guerra infinita y permanente, contra todos quienes no se identifiquen con la “causa” estadounidense de luchar contra el “terrorismo internacional” y el narcotráfico, ambos muy vagamente definidos por cierto.

Cabría preguntarse por las razones de este desenfreno militarista que se ha impuesto sobre América Latina. La respuesta: esta bendita “zona de paz” es a su vez la región del planeta más rica en recursos naturales. Diríamos que su dotación raya en lo exuberante: con apenas el 7 % de la población mundial dispone de un 45 % del agua potable. Uno de sus países, Venezuela, acaba de ser señalado por el Informe Anual de la OPEP del año 2012 como el que cuenta con las mayores reservas petroleras comprobadas del mundo, desplazando de ese sitial a Arabia Saudita. Pero además hay grandes yacimientos petrolíferos en el litoral paulista del Brasil y en otros países del área.

Son también latinoamericanos siete de los diez principales países productores de minerales estratégicos requeridos por la industria de defensa de Estados Unidos, y en la inmensa cuenca amazónica y sub-amazónica palpita la mitad de la biodiversidad del planeta (1). Si se traza un triángulo imaginario que partiendo de las Islas Malvinas se dirigiese a la Isla Ascensión -donde, en el medio del Atlántico sur ecuatorial y a escasos tres días de navegación de Recife, Brasil, se encuentra una poderosa base aérea de la Royal Air Force británica en condominio con la Fuerza Aérea de Estados Unidos- y desde ahí marchara casi en línea recta hasta la base militar de Palanquero, en Colombia se comprobaría que al interior de ese enorme triángulo se concentra la mayor parte de los recursos naturales de la región.

En un mundo caracterizado por lo que el experto Michael Klare ha denominado la cada vez más violenta “cacería de los recursos naturales”, ¿puede causar sorpresa, teniendo a la vista lo mucho que está en juego, que en esas instalaciones militares existan armas nucleares? Será una gran responsabilidad de los gobiernos de la región, así como de los partidos y movimientos sociales, tratar de revertir en los próximos años tan peligrosa situación.

(1)Para una exposición muy detallada de esta problemática que por razones de espacio no podemos desarrollar aquí remitimos a los lectores a nuestro América Latina en la Geopolítica del Imperialismo (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2012

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