11/04/2013 Opinión

Tragedia, solidaridad y después

Por Facundo Martínez*. Las inundaciones que castigaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Ciudad de La Plata tienen un tinte catastrófico. La lista de víctimas fatales acentúa el concepto de tragedia, en el mismo sentido en el que los antiguos griegos lo tomaban en épocas de los poetas Esquilo y Sófocles.

Sin embargo, lo ocurrido demanda un análisis  profundo que ponga el eje no precisamente en las fuerzas ingobernables de la naturaleza, cuestión que eximiría de responsabilidades a los gobernantes, sino en las fallas humanas que tienen que ver con la falta de planificación urbana y, por supuesto, con la carencia de respuestas de los organismos correspondientes en los momentos de crisis, que de haber existido hubieran reducido seguramente las terribles consecuencias de lo acontecido.

Lejos parecen estar los gobernantes del presente de la visión de futuro que, por dar un ejemplo histórico, había tenido Domingo Faustino Sarmiento durante su presidencia (1868-1874), castigada duramente por la peste. Pensaba Sarmiento para la ciudad, que no crecía al ritmo acelerado del presente pero que para la época comenzaba a desmadrarse, en la necesidad de crear una ciudad subterránea que permitiera encausar los desagües fluviales y cloacales.

A esa contra ciudad se la llamó entonces la ciudad Bateman, tal el apellido del ingeniero alemán a quien el sanjuanino había contratado para el desarrollo e implementación del proyecto. Era otra la manera de entender la política y la obra pública, y eran otras desde ya las necesidades. No se trataba de una política basada en el marketing, en el slogan publicitario, en la pintada de las columnas de una autopista, es decir en lo meramente visible que puede traducirse en votos rápidamente. El trabajo subterráneo es más bien molesto y silencioso, apunta sus cañones al futuro y demanda un compromiso colectivo de parte de los gobernantes, y la sociedad en su conjunto.

Ahora bien, volviendo a las inundaciones que castigaron a las ciudades de Buenos Aires y La Plata, y frente a la cuestión de las responsabilidades por la imprevisión sobre lo ocurrido, los políticos involucrados respondieron de distintas maneras. Sólo hubo coincidencias en el hecho de que tanto el intendente de La Plata, Pablo Bruera, como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, no estaban en el país en el momento en que ocurrieron los desastres. También la conferencia de prensa en la que Macri se mostró enfáticamente enojado porque, a pesar de sus dos períodos como Jefe de Gobierno: “no lo dejan trabajar”, maniobra con la que buscó exculparse, se asemejó en torpeza a la falsedad de Bruera, cuyo departamento de prensa publicó una foto del intendente trabajando con los inundados “desde la madrugada” cuando todavía ni siquiera había arribado al país de sus vacaciones.

Distinta fue en cambio la manera en que asumió responsabilidades el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. No escondió la cara frente al horror y asumió la dolorosa tarea de informar sobre los muertos por la tragedia, que entre la ciudad y la provincia alcanzaron la escalofriante suma de 60, la mayoría ahogados. Incluso la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien tal como lo había hecho en su momento frente al alud en Tartagal -esta vez acompañada por el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, y por el diputado y referente de La Cámpora, Andrés Larroque-, se acercó al escenario de la catástrofe para monitorear desde el centro de operaciones montado en la facultad de periodismo de la capital provincial el operativo montado para la entrega inmediata de ayuda a los damnificados. También recorrió colegios e iglesias y luego destacó los gestos de solidaridad de la sociedad para con las víctimas y puso el énfasis en el trabajo de los militantes políticos que, con pecheras y sin ellas, dedicaron su tiempo y esfuerzo para ayudar a los afectados.

La tragedia sacó a flote lo mejor de cada uno, que se tradujo en incontables donaciones, en ayuda entre los propios vecinos, en puertas de casas abiertas al prójimo, en instituciones de todo tipo: católicas, deportivas, ONGs, que abrieron sus puertas para canalizar y distribuir el agua, los alimentos, los colchones y la ropa que el resto de la ciudadanía facilitó para paliar los primeros efectos de la tragedia. Frente a la dolorosa situación, ante el desgarramiento de familias enteras, la sociedad mostró su rostro humanitario por encima de cualquier arbitrariedad de clase. Se ayudó sin importar a quién, sin distinciones. Y en este mismo sentido, la cuestión de si las donaciones las entregaron militantes con pecheras o sin pecheras, es tan menor ante la necesidad de acción –además de la obviedad de que toda acción militante es política- que no vale ni siquiera la pena detenerse.

Otra cuestión importante resulta ser la capacidad del Estado para reparar los graves daños que sufrieron los damnificados, que no sólo alcanzan a las casas de familias sino que se extienden a plantas industriales, comercios mayoristas y minoristas, talleres, pequeñas y medianas industrias, establecimientos agropecuarios, y reparticiones del Estado provincial y municipal, como escuelas y hospitales. En muchos casos las pérdidas han sido totales. Las consecuencias se extenderán al menos en el corto y mediano plazo, con la amenaza que esto implica para los trabajadores, muchos de los cuales aún no pueden retornar a sus puestos.

En este punto, el Estado, a través de la presidenta CFK,  anunció un paquete de medidas de ayuda económica de diferente alcance. Créditos blandos para la industria, créditos para los jubilados, pensionados y quienes reciban planes sociales; todo con “un estricto control del Estado”, que publicará los nombres de quienes reciban estos beneficios para que exista un control ciudadano, independientemente del control que, por supuesto, deberá efectuar el propio Estado y sus organismos correspondientes. La idea, según el anuncio oficial, es llegar rápido a los afectados. “Es el momento de la acción reparadora del Estado”, remarcó el titular de la Anses, Diego Bossio. Serán unos 2000 millones de pesos entre lo que irá a los bolsillos de los inundados y lo que se destinará a reparación y construcción de viviendas a través del programa Pro.cre.ar. De esta manera, el Estado, ausente en la previsión de la catástrofe, al menos puede mostrar su potencia reparadora, algo que al menos 10 años atrás no parecía estar en condiciones de afrontar.

También desde el Estado se anunció una auditoria para saber qué fue exactamente lo que pasó. Si la investigación no cae en saco roto, no sólo se podrán determinar con mayor exactitud las responsabilidades que les caben a los distintos actores, gobernantes y funcionarios, etcétera, sino, lo más importante, acaso contribuya a cambiar esa impronta de la política marketinera que consume los recursos que los ciudadanos aportan al Estado en cuestiones de índole más bien cosmética y que esquiva asumir sus obligaciones estructurales, subterráneas si se quiere –acaso como esa contra ciudad soñada por Sarmiento-, que resultan indispensables para sostener el crecimiento indiscriminado y vertiginoso de los centros urbanos. 

*Sociólogo y periodista.

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