25/04/2013 Columnista

Dos modelos de gestión en gobiernos de izquierda

*Por Atilio A. Boron. En un seminario internacional celebrado en Caracas a mediados del 2010, en el cual se convocó a un nutrido grupo de politólogos, sociólogos y economistas para evaluar los logros y perspectivas de la Revolución Bolivariana, algunos de los presentes caracterizaron al régimen político imperante en Venezuela como “hiperpresidencialista”.

Esta postulación primero suscitó el enojo y las protestas del por entonces presidente Hugo Chávez Frías; sin embargo, poco después y ya aplacados los ardores de la polémica el líder bolivariano reconoció hidalgamente -en un gesto poco común en muchos presidentes- que sus críticos tenían razón. Recordó entonces un consejo que recibiera de Fidel Castro en los primeros años de su gestión presidencial cuando el líder cubano le advirtió que debía evitar convertirse en el alcalde de cada pueblo y que debía, en cambio, promover la descentralización de la gestión gubernamental.

El consejo, desgraciadamente, cayó en saco roto. El hiperactivismo de Chávez, la gravitación de su carismático liderazgo y el efecto intimidatorio y arrollador que a pesar suyo ejercía su personalidad hicieron que el aparato estatal girase exclusivamente en torno a su figura, que imponía la agenda, las cambiantes prioridades, los ritmos y las secuencias de la gestión. Por eso, cuando Chávez cae enfermo, en Junio del 2011, la administración pública quedó sumida en un profundo desconcierto y casi al borde de la parálisis.

Las lamentables consecuencias de esta situación afloraron en toda su magnitud en las elecciones presidenciales del 14 de Abril, cuando el chavismo perdió unos setecientos mil votos en relación a los que obtuviera su líder en la anterior contienda electoral del 7 de Octubre del 2012. Una burocracia acostumbrada a ejecutar las directivas emitidas por un líder omnipresente e incansable encontró grandes dificultadas para implementar políticas efectivas para el combate de la inflación, el desabastecimiento, los intencionales cortes de energía eléctrica que producía la oposición y la inseguridad que desangraba la base electoral del chavismo. 

La concentración decisional puede ser funcional a la hora de tomar decisiones rápidas y drásticas, como las que adopta un general en el campo de batalla, pero perjudica notablemente el rodaje diario de la administración. Y esto por dos motivos: uno, porque supone que el gobernante es inmune a las enfermedades y que la muerte nunca llegará para llevárselo, privando a los administradores estatales de su fuerza motriz y su orientación; dos, porque la creciente complejidad de las funciones de gobierno hacen imposible que  un líder, por más culto e informado que sea (como era el caso de Chávez), pueda manejar la enorme multiplicidad de factores a considerar para actuar racionalmente en las más diversas áreas de las políticas públicas y para garantizar un adecuado seguimiento de las mismas.

Un estilo diferente es el que caracteriza el modelo de gestión de Rafael Correa en Ecuador. Pese a su fuerte liderazgo desconcentra de manera muy cuidadosa la ejecución de las grandes directivas que propone pero que finalmente establece con sus colaboradores más inmediatos. Las decisiones surgen, por lo tanto, luego de arduas deliberaciones en las periódicas y frecuentes reuniones del gabinete, normalmente un par de veces al mes. Estas se realizan en Quito y, alternadamente, en las principales ciudades del Ecuador y una vez finalizadas tanto el presidente como sus ministros salen a la plaza pública para conversar con los vecinos, escuchar sus reclamos y auscultar sus opiniones. Establecida la orientación política y acordada la descentralización de la ejecución el paso siguiente es el cuidadoso –me atrevería a decir obsesivo- monitoreo que el presidente realiza de las etapas de implementación de las decisiones. Un software especial le permite llevar a cabo esta labor. La rendición de cuentas es tanto interior al propio gobierno: de los ministros y secretarios al presidente, como exterior a él, del gobierno ante la ciudadanía.

Las ventajas de este segundo modelo son evidentes: continuidad, deliberación colectiva, descentralización (y por lo tanto, cercanía) de la gestión y, sobre todo, capacidad de monitorear y evaluar en tiempo real  los resultados lo que permite, entre otras cosas, corregir errores y desaciertos antes de que asuman proporciones catastróficas. No es una panacea, ni necesariamente garantiza que las políticas adoptadas sean las que hacen a la felicidad colectiva, pero en principio aporta un marco más racional, previsible y eficaz en el proceso decisorio. Sería interesante que en la Argentina se tomara nota de las lecciones que surgen de dos gobiernos progresistas, ninguno de los cuales puede ser acusado de ser indiferente ante los reclamos populares. Si así fuera la calidad de nuestras políticas públicas mejoraría significativamente.

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