15/06/2011 Por la compra de un inmueble

Legisladores denuncian al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires

En la última semana del año, dos representantes de Proyecto Sur acusaron al organismo de haber pagado un sobreprecio del 21% en la adquisición de una sede. Además, la operación se habría hecho con dinero que estaba destinado a refaccionar un CGP.

Los legisladores de Proyecto Sur, Julio Raffo y Rafael Gentili, presentaron la última semana del año una denuncia contra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires por “presunto delito de acción pública”. Según señalaron, se refiere a la compra de un inmueble, ubicado en Lavalle 369, donde se estaría pagando un sobreprecio del 21% sobre lo que fijaron los tasadores del Banco Ciudad.

Según detallan los diputados porteños, “durante la última sesión los consejeros votaron la compra de un inmueble por 3,75 millones de dólares. La misma tuvo lugar el 17 de diciembre, día en que vencían seis mandatos de los nueve integrantes". Según los tasadores del Banco Ciudad, el lugar valdría 12,4 de pesos. Con el dólar aproximadamente a 4 pesos, el organismo erogó unos $ 15 millones. “Cuando yo pregunté por qué se hizo eso, me respondieron que había urgencia dado a que sino el dinero se perdía. Ellos sienten que lo pierden porque creen que es dinero suyo, y no es así, son fondos del ciudadano de Buenos Aires”, resaltó Raffo en diálogo con gestionpublica.info.

Otra de las imputaciones que pesan sobre el Consejo se refiere a que la plata que están utilizando para la compra del inmueble estaba originalmente destinada para refaccionar un Centro de Gestión y Participación ubicado en Berutti 3345. Para el legislador de Proyecto Sur, “cuando se gasta plata que tenía un fin distinto, aunque no te la lleves a tu casa, es un delito. Es malversación, es darle un destino distinto al que se ha probado legalmente”.

Por otro lado, en la denuncia señalaron también que “todas las decisiones, contratos y designaciones que está realizando el Consejo en la renovación de sus autoridades, están sospechadas de constituir articulaciones para obtener o retribuir apoyo político”. Consultado por gestionpublica.info, Raffo remarcó: “Han hecho un festival de contratos, el presidente del Consejo me ha dicho que son criterios políticos. El día que se iban, nombraron como 40, 60 contratos, y no aparece la resolución que los nombra”.

La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N° 12, donde, según aseguró Raffo “deberán ahora decidir si el Consejo de la Magistratura es culpable del delito o no”. 

 

 

Notas relacionadas

Impulsan un paquete de leyes anticorrupción


Doce años sin Defensor de la Niñez


Pasar de un Estado bobo a un Estado inteligente


Renuevan tres cargos en la AGN


Jornada de control, transparencia y participación


Vuelven a impulsar la reglamentación del artículo 85