25/04/2013 En Río Negro

Hacia la “corrupción cero”

La diputada provincial Ana Piccinini presentó un paquete de leyes que apunta, principalmente, a cambiar la actual Ley de Ética Pública. Entre otras cosas, propone que los funcionarios públicos den a conocer sus antecedentes curriculares y sus bienes personales al inicio de la gestión. Además, busca optimizar el control de becas y subsidios estatales.

El bloque del Frente Para la Victoria Disidente de la provincia de Río Negro, a través de la Diputada Ana Piccinini, presentó un paquete de leyes denominado “corrupción Cero”. Entre otras cosas, plantea cambiar la actual Ley de Ética Pública, realizar un seguimiento del financiamiento de los partidos políticos y optimizar el control de becas y subsidios entregados por el Estado.

El proyecto principal de la diputada Piccinini, que ya tiene estado parlamentario, se trata de una nueva Ley de Ética Pública e Idoneidad. “Mientras fui Defensora del Pueblo tuve que echar mano muchas veces sobre la normativa y nunca tuve resultado ni respuesta alguna”, recordó a gestionpublica.info.

Por eso, la legisladora de Río Negro propone que las declaraciones juradas sean presentadas en forma abierta ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que será el organismo garante del cumplimiento de la nueva Ley, y que además, se publiquen en cada una de las páginas Web de todos las dependencias del Estado.

En cuanto a las formalidades, la normativa estipula que los funcionarios publiquen sus antecedentes curriculares, los bienes personales al inicio de la gestión y una foto actualizada. “Es necesario para que la gente puede evaluar si los empleados públicos están a la altura del cargo que se les ha conferido”, justificó Piccinini.

Con respecto a la designación del Tribunal de Cuentas como garante del cumplimiento de la Ley, Piccinini sostuvo que “cuenta con todas las facultades por la Constitución de la provincia, por la Ley Orgánica del propio Tribunal y las que se le otorgan en el nuevo proyecto”. 

De aprobarse la normativa, los funcionarios obligados a presentar sus declaraciones juradas son: el Gobernador de la provincia, el Presidente de la Legislatura, los tres jueces del Tribunal Superior, el Procurador General, los titulares de los órganos de control internos y externos y todos los empleados de menor rango que dependan de estas oficinas. “Además de presentar sus declaraciones, serán contralor de que toda la línea jerárquica que está por debajo de ellos cumpla con la obligación”, agregó Piccinini.

Además, explicó que el crecimiento desproporcionado de bienes no existe y por ende plantea cambiar esa nomenclatura en la nueva Ley. “El delito es enriquecimiento ilícito, tal cual está expreso en el Código Penal. Es decir, que se incorpora al patrimonio, bienes que no tienen una procedencia”, argumentó la Diputada del FPT Disidente y completó: “Si el Tribunal de Cuentas advierte que un funcionario puede haber incurrido en enriquecimiento ilícito, directamente se le envía la causa al fiscal de grado”.

El paquete de Leyes Corrupción Cero se completa con otros dos proyectos en los cuales ya trabaja el Frente Para la Victoria Disidente, pero que aún no han ingresado a la Legislatura.

Por un lado, el bloque prepara un proyecto de Ley relacionado con la economía y financiamiento de los partidos políticos, el cual está en etapa de redacción. El segundo, se enfocará en enfatizar el seguimiento de los subsidios que otorga el Estado con fondos provinciales o cuando hace de intermediario si los dividendos provienen de la Nación.

“Se otorgan subsidios indiscrecionalmente y eso tiene que estar regulado. Que reciba un subsidio aquella entidad que esté efectivamente bien constituida, que tenga su Comisión Directiva regularizada y que presente sus balances en forma”, finalizó Piccinini.

Notas relacionadas

Las enseñanzas de los docentes


Las enseñanzas de los docentes


Otra vez irregularidades en el Plan Federal de Viviendas


Incompatibilidad de intereses en acto


15 días para responder un pedido de información pública


Quieren crear una comisión que controle los fondos viales