09/05/2013 Un pedido de la oposición

Aseguran que una Comisión de Ética mejoraría la transparencia judicial

En el marco del debate sobre los proyectos de reforma de la Justicia, diferentes sectores políticos recordaron que en el año 1999 se sancionó una Ley que establece la creación de un comité encargado de controlar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. El Defensor adjunto del Pueblo denunció que “las mayorías parlamentarias no han tenido vocación para constituirlo”, mientras que el Auditor General de la Nación, Leandro Despouy, aseguró que “sería muy importante su puesta en marcha ya que crearía un control real, efectivo y concreto del sistema”.

La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188), sancionada en 1999, establece la creación (en el ámbito parlamentario) de la Comisión Nacional de Ética Pública cuyo objetivo principal es controlar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. A catorce años de su sanción, la oposición denuncia que nunca se implementó.

En el marco del debate sobre la reforma judicial, el diputado nacional Manuel Garrido (UCR) salió al cruce: “Nos venden la promoción de la transparencia judicial y suprimen la Comisión de Ética Pública que nunca llegó a conformarse”. De acuerdo a lo estipulado por la normativa, esta Comisión tiene la facultad de fiscalizar el desenvolvimiento patrimonial de los funcionarios de los tres poderes.   

Para el Auditor General de la Nación, Leandro Despouy la Ley de Ética Pública “es el mecanismo de protección que exige la transparencia”. “Sería muy importante la creación de esa Comisión ya que crearía un control real, efectivo y concreto del sistema”, destacó el titular de la AGN.

La Comisión tendría que estar integrada por once miembros: uno designado por la Corte Suprema de Justicia, uno por el Poder Ejecutivo, otro por el Procurador General de la Nación y ocho por ambas Cámaras del Congreso. De estos ocho representantes del Poder Legislativo, uno debería estar asignado por la Auditoria General de la Nación y otro por la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Gestionpublica.info dialogó también con el Defensor adjunto II del Pueblo, Juan Minguez, quien exclamó: “Las mayorías parlamentarias no han tenido vocación para constituir la Comisión de Ética. En general, los mecanismos de control están tratados de un modo peyorativo”.

Además, detalló: “las declaraciones juradas se presentan, algunas cosas ya son operativas de la Ley, lo que pasa es que hace falta esta comisión que va a centralizar todas las declaraciones y establecer mecanismos que faciliten a un ciudadano que tenga dudas sobre un funcionario a concurrir a esa dependencia y que haya un proceso de sumario donde se determine si hubo incumplimiento o no del funcionario. En caso positivo, lo tiene que mandar a la Justicia Penal Económico”.

Según Minguez, “ya se está hablando del control del control y eso significa participación ciudadana. Hay ONG´s, grupos de ciudadanos que participan activamente, esto hace a la transparencia. Se habla de técnicas de información y comunicación pero no vale la pena que te den cien datos si no están procesados”. “Hace falta vocación de quienes están  a cargo del Estado, que le den una prioridad a la integración de estos mecanismos”, concluyó el defensor adjunto.

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