24/05/2013 Columnista invitada

Se hace camino al andar

*Por María Victoria Gama. Argentina ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1996, la cual entró en vigor en 1997. El objetivo de la Convención es criminalizar delitos del crimen organizado como la corrupción, el soborno trasnacional y el enriquecimiento ilícito.

Con el objeto de controlar la evolución del cumplimiento de la Convención en los países parte se creó un Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) en donde expertos sobre la materia evalúan recíprocamente y en condiciones de igualdad a los Estados que ratificaron 

En el marco de esta Convención, en octubre de 2012, visitaron el país expertos de Suriname y Guatemala en apoyo de la Secretaría Técnica. Elaboraron el informe en base a entrevistas con diferentes actores sociales que van desde ONGs especializadas en el tema (entre ellas, ACIJ), a funcionarios de los diferentes poderes del Estado pasando por periodistas.

El informe hace un análisis del nivel de cumplimiento del Convenio por parte de Argentina, evaluando el funcionamiento de los organismos de control y fiscalización que existen para prevenir y evitar delitos económicos: la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el Poder Judicial de la Nación (PJN), la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Oficina Anticorrupción (OA).

Si bien el Comité señala que “se han adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer los organismos de control”, también realiza numerosas y válidas recomendaciones para mejorar las estructuras de los órganos y la cooperación interinstitucional en la prevención, control y sanción.

Recomendaciones sobre la Fiscalía de Investigaciones Administrativas

Respecto de la FIA, entre las recomendaciones más importantes sobre las que advierte el Comité de Expertos se encuentra la de precisar las funciones que tiene a su cargo; adecuar la organización teniendo en cuenta la especialidad de los fiscales para que haya mayor rigor en la investigación;[1] adjudicar los cargos vacantes para que exista verdadera independencia al momento de investigar delitos contra funcionarios públicos y los fiscales subrogantes no estén pendientes de un nombramiento que pueda condicionar su actuación; conformar la Comisión Bicameral del Congreso a la que esta fiscalía debe rendirle cuentas sobre su gestión y elaborar estadísticas sobre que causas se encuentran suspendidas, cuántas prescribieron, cuántas han fueron archivadas, cuántas se encuentran en trámite para identificar áreas de acción y medidas para enfrentar estos escenarios. Lo que propone el Comité de expertos para clarificar las facultades que tienen los fiscales de esta unidad es precisar sus competencias al momento de llevar a cabo una investigación, para que tenga delimitado su campo de acción y no se superpongan funciones o queden sin investigar delitos. La ausencia de una Comisión Bicameral en el ámbito del Congreso hace imposible un control de la actuación de los fiscales por un órgano en dónde los intereses de toda la sociedad están reflejados.

Recomendaciones sobre el Poder Judicial

Las recomendaciones sobre el Poder Judicial toman muchos de los elementos de análisis que ACIJ brindó durante las entrevistas con los expertos, entre ellos: llevar el sistema judicial penal hacia un sistema de corte acusatorio en donde la investigación esté en manos de los fiscales y la actividad jurisdiccional en manos de los jueces que se encargan de velar por el cumplimiento de las garantías de los imputados; agilizar la provisión de los cargos de jueces federales dado que, como informó ACIJ al Comité, una tercera parte de los jueces son subrogantes -no nombrados de manera definitiva a través de los procedimientos regulares establecidos- y hay casos de demora de cinco años en designar jueces; analizar las causas de la morosidad en los procesos judiciales en materia de corrupción; elaborar información estadística el estado procesal de las causas y sobre el monto de los activos que han sido objeto de una medida cautelar y/o restituidos a favor del Estado para de esta manera tener un mapa de la situación y tomar medidas tendientes a acortar la demora procesal y a lograr identificar cuál será el destino de los activos recuperados y sancionar una ley que permita recuperar los activos desviados por la corrupción. ACIJ tiene un informe en donde se analizan diversas causas judiciales sobre delitos económicos del que se deriva que en promedio una causa judicial de esta índole suele demorar 11 años a raíz de la interposición casi automática de recursos por parte de la defensa, a la falta de especialización de los jueces, a la complejidad de los casos y a la morosidad de los operadores de la justicia. En este sentido algunas de las recomendaciones implican una reforma a conciencia del Código Procesal Penal para poder darle mayor poder al fiscal en la tarea investigativa y considerar la posibilidad de limitar la interposición de recursos a sentencias definitivas, sobreseimientos, procesamientos o medidas cautelares de forma que pueda acelerarse el proceso. También podría ser válida una reforma de los artículos del Código Penal que se refieren a la prescripción, para evitar que las causas judiciales se extingan en este tipo de casos que por la complejidad del delito requieren plazos procesales más largos.

Recomendaciones sobre la AGN

En lo que a la Auditoría General de la Nación se refiere, el Comité recomienda adoptar las medidas pertinentes para que dicho organismo tenga mayor participación en los procesos judiciales en donde se analizan los daños económicos causados al Estado; establecer plazos perentorios para que la información que solicite pueda ser brindada en forma rápida y sanciones para quienes no cumplan con la obligación de brindar esa información, y adoptar las medidas pertinentes para que ésta pueda hacer el seguimiento de las denuncias judiciales que presentó o conocer sobre los casos que envía a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Recomendaciones sobre los órganos de control interno: SIGEN y Oficina Anticorrupción

A la Sindicatura General de la Nación se le recomendó fortalecer las funciones en relación con las Empresas Estatales y aquellas en las que el Estado tiene participación accionaria, para así poder contar con información sobre la responsabilidad social de ellas, y el Comité también aconsejó que se publicaran los informes en la página de Internet para poder acercar esta información a la ciudadanía.

Finalmente, el Comité recomendó a la Oficina Anticorrupción alentar la continuidad del Plan de Fortalecimiento del Régimen de Declaraciones Juradas. A raíz de la sanción de la nueva ley de publicidad de las declaraciones juradas esto cobra aún mayor importancia dado que será esta Oficina la encargada de custodiar y publicar las declaraciones juradas.

Algunas conclusiones

El balance por cada órgano de fiscalización arroja diferentes resultados pero evidencia un problema común a los cinco órganos de control que es la falta de diálogo entre ellos que impide avanzar eficazmente en las causas judiciales al mantener la información necesaria para el desarrollo de la investigación compartimentada.

Resulta evidente que existen falencias estructurales que implican para su solución reformas legislativas sustanciales que podrían requerir más tiempo y la voluntad política del poder de turno y la minoría representada en el Congreso. Sumado a las recomendaciones efectuadas por el Comité y a las que ACIJ consideró esenciales se agrega la necesidad de una ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas; una ley de acceso a la información pública respecto de investigaciones de  corrupción; una ley de Protección de Testigos y Denunciantes; el análisis de formas posibles para hacer más transparente la labor y designación de los peritos contadores; el habilitar canales especializados para que la ciudadanía también pueda denunciar la corrupción existente en el Poder Judicial, el legislativo y  el ministerio público, entre algunas medidas adicionales sobre las que trabajar a futuro.

Teniendo en cuenta que "la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los  pueblos” y entendiendo que la democracia “exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas” resulta vital que se sigan estas recomendaciones y se tomen las medidas necesarias para afinar los órganos de control y poder hablar de un verdadero avance sobre la impunidad de la corrupción.

*Colaboradora de Acción ciudadana y lucha contra la corrupción de ACIJ.

 

 

 

 


 

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