24/05/2013 Entrevista

“Falta coordinación entre todos los organismos de control”

Así lo consideró Ángel Bruno, miembro de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, quién en marzo viajó a Washington para participar en la elaboración del informe que difundió la OEA. Según remarcó, es necesario que se “circunscriba por Ley las atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y que su labor no se superponga con la Oficina Anticorrupción”.

La Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción se encarga de ejercer las acciones necesarias para “impulsar, difundir y verificar” el cumplimiento de dicha agrupación dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) por parte de Argentina.

La entidad, que funciona desde 2001, está conformada por representantes de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta Ciudad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, de la Coordinación de Transparencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Oficina Anticorrupción (OA), órgano que asesora técnicamente pero no emite opinión sobre los Informes que se elaboran.

Su coordinador Ángel Bruno, viajó en marzo a Washington para participar del análisis que realizó la Comisión de Seguimiento sobre Argentina. En diálogo con Gestionpublica.info, Bruno destacó, entre otras cosas, la necesidad de que se “circunscriba por ley las atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y que su labor no se superponga con la OA”.

¿Cómo funciona esta Comisión de Seguimiento?

La Convención Interamericana Contra la Corrupción se encarga de realizar un diagnostico y plantear recomendaciones o peticiones. Nosotros como comisión de la sociedad civil monitoreamos los informes oficiales que realiza el Estado y que presenta ante la OEA.

¿Cuál fue el principal aporte que realizaron en Washington?

Señalamos principalmente la falta de coordinación de todos los organismos de control. No hay una metodología coherente entre los entes. Además, pedimos que se circunscriba por ley las atribuciones de la FIA y que su labor no se superponga con la OA. Cada uno es un mundo aparte. Por suerte, nuestras recomendaciones fueron muy bien recibidas por el Comité de expertos.

¿Cuál es la función de la FIA?

Puede hacer denuncias pero no estaba en claro si podía seguir adelante o no. Esto se esclareció cuando el ex procurador general Esteban Righi dijo que la FIA sólo puede hacer denuncias y que luego la competencia es de los fiscales judiciales. Cuando Manuel Garrido era el titular, al no existir normas claras, él intervenía en un montón de casos por su cuenta. Esto generaba un gran cortocircuito.

¿Qué es lo que hace falta?

Se necesita una ley que organice aun más esto. En cuanto a la FIA, es muy importante no sólo que se delimiten las funciones, sino que se especialicen a los fiscales. La procuradora (Alejandra) Gils Carbó está dando unos pasos sobre esto último. A veces no son eficaces por falta de competencia. Este punto fue muy valorado por el comité de expertos. 

 

 

 

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