05/06/2013 Se presentará una demanda judicial

Aseguran que el Poder Ejecutivo retrasa el envío de información pública

La denuncia surge de una investigación realizada por la Asociación Civil Igualdad y Justicia en conjunto con la Asociación por los Derechos Civiles. Entre otras cosas, de 49 solicitudes realizadas, el 43 % se contestó de manera incompleta. Aseguran que el decreto que garantiza el cumplimiento de este derecho “es vago y laxo”. Piden la pronta sanción de una Ley.

Tras realizar un estudio que evaluó el funcionamiento del decreto 1172/03 (que regula el acceso a la información pública), la Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ) prepara una demanda judicial donde se denunciará el retraso del Poder Ejecutivo en responder los pedidos de información.

De la investigación, participó también la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). En el caso de ACIJ, de 44 pedidos de información realizados 14 no fueron contestados y otros 14 se respondieron fuera del plazo de los diez días que establece la norma antes señalada.

En cuanto a la ADC, de 49 solicitudes realizadas, el 47% fue respondido de manera satisfactoria y el 53% de manera incompleta. No obstante, señalan que se registraron retrasos en el 55% de los pedidos.

Ambas organizaciones de la sociedad civil evidenciaron que “la respuesta a los pedidos es sumamente dispar y en la mayoría de los casos carente de los requisitos necesarios para hablar de un verdadero derecho garantizado”. Para María Victoria Gama de ACIJ, “el decreto 1172/03  es muy vago y laxo”. Y añadió: “Sólo la sanción de una ley en la materia podría dar un poco más transparencia”.

Según la investigación, “las dependencias invocan excepciones reglamentarias con el sólo objeto de volver secreta información que es evidentemente pública”. En relación con esto, Gama sostuvo que “muchas cuestiones se escudan en la protección de datos personales. Este concepto es bastante amplio. Sería necesario precisar este término porque gran cantidad de los requerimientos pueden ser considerados como información confidencial o secreta”.

En cuanto a la presentación judicial que realizará ACIJ, Gama resaltó que buscan darle “trascendencia” a la falta de respuesta de “14 entidades públicas (que abarcan desde empresas estatales hasta ministerios y secretarias)”.

Esta iniciativa se encuentra en sintonía con la demanda realizada por la ADC contra el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) por no facilitar información sobre la distribución de la publicidad oficial. En el marco de esta causa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública y en una sentencia dictada en diciembre pasado ordenó al organismo a entregar los datos solicitados.

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