04/07/2013 El último sondeo lo realizó el Ministerio de Justicia

Desde 2009 no se difunden estadísticas oficiales en materia criminal

“No se conoce cómo se gestionan las policías ni el Poder Judicial”, cuestionó el diputado provincial por el frente Nuevo Encuentro Marcleo Saín. Por su parte, el director de Gestión de Información Criminal, Claudio Suárez, aseguró que “la falta de acuerdo entre las provincias” demora la recolección de los datos.

El delito es una de las mayores preocupaciones de la población. Desde hace más de una década la inseguridad figura entre los temas más destacados de las agendas política y mediática. Sin embargo, no hay información oficial actualizada respecto a los índices en materia criminal.

Las últimas estadísticas datan de 2009 y fueron elaboradas por la Dirección de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia nacional. Según revela el estudio, durante ese año hubo 4574 homicidios de los cuales 1360 fueron dolosos y 3814 culposos. De estos últimos, 2588 hechos correspondieron a accidentes de tránsito.

En diálogo con este medio, Marcelo Saín, ex viceministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y actual diputado provincial por el frente Nuevo Encuentro, señaló que luego de este estudio “la Dirección de Política Criminal realizó más estadísticas que no publicaron para tener mayor discrecionalidad sobre el aumento del crimen”.

Luego de la creación del Ministerio de Seguridad en 2010 (cuyo titular actual es Arturo Puricelli, quién dejó la cartera de Defensa en manos de Agustín Rossi), el área encargada de realizar este tipo de informes pasó a ser la Dirección de Gestión de Información Criminal, a cargo desde 2012 de Claudio Suárez.

“Se está llevando adelante un proceso de informatización del Sistema Nacional de Información Criminal. Hasta ahora las provincias enviaban los datos con una periodicidad muy laxa. Por ello desarrollamos durante enero y febrero una página web para cargar las cifras en forma online. Ya distribuimos los manuales de uso y generamos los usuarios de las veinticuatro provincias. Esto explica el retraso en la publicación de las estadísticas”, explicó Suárez a Análisis de la Gestión Pública.

El Sistema Nacional de Información Criminal tiene por objetivo relevar los datos pertinentes de los servicios penitenciarios, el Poder Judicial de la Nación, las veinticuatro policías provinciales y las cuatro fuerzas federales (Gendarmería nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria).

Respecto a la demora en la publicación de las estadísticas el funcionario nacional dijo que a partir de 2009 la provincia de Buenos Aires y Mendoza “parcializaron la información”, lo cual “impide que se pueda consolidar el sistema”. Además, confirmó que “en las estadísticas que salieron publicadas ese mismo año, la tasa de homicidios  no reflejó del todo la realidad”.

Si bien los organismos internacionales, como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, insisten en la importancia de medir e interpretar el crimen, para Marcelo Saín, “hay que hacer lo mismo con la respuesta estatal sobre este tema”. “No se conoce cómo se gestionan las policías ni el Poder Judicial. No se quiere avanzar en el conocimiento de las violencias pero mucho menos en cómo se estructura el Estado frente a esta problemática”, indicó el diputado provincial.

Sin embargo, el director de Gestión de Información Criminal aseguró que se están llevando adelante una serie de reformas tendientes a modificar las categorías de los registros: “En el caso de los homicidios dolosos incorporamos un campo sobre la localización del hecho y otro sobre las circunstancias del delito. Esto permitirá dilucidar, entre otras cosas, si se trata o no de un femicidio. Además, está en proceso de diseño una categoría puntual sobre los delitos de abuso sexual y violación”.

Por su parte, Saín presentó un proyecto de Ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para crear un Observatorio de la Seguridad Pública. Según argumenta en los fundamentos, “la información relativa a los asuntos de la seguridad pública que producen los diferentes organismos públicos provinciales se encuentra dispersa y no está sistematizada”. El diputado plantea que sería “muy importante” que haya un organismo de estas características a nivel nacional.

En relación a esto, Suárez opinó: “Está de moda hablar de observatorio pero en realidad es necesario que haya un sistema de información criminal. Si no se mejora la calidad de los procesos de recolección primaria de los datos, es como tener un auto y no tener para comprar la nafta”.

CONTROL DE ESTADÍSTICAS. La Auditoría General de la Nación (AGN) publicó en 2011 un informe basado en datos de 2008 y 2009 que señala que la Policía Federal Argentina “elaboró un mapa del delito tomando en cuenta solamente los hechos denunciados en las comisarías, sin apoyarse en otro tipo de datos”.

El documento, que fue difundido por el portal www.elauditor.info, indica que la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación realizó en la ciudad de Buenos Aires durante 2005 un “estudio de victimización” el cual reveló que el “72% de los delitos de aquel año no fueron denunciados ante comisarías.

Según relata la AGN, todas las Comisarías de la Policía Federal confeccionan un mapa en el que se vuelcan los delitos ocurridos en su jurisdicción. No obstante, el organismo de control evidenció que cada dependencia “utilizó su propia modalidad para la confección de las estadísticas, (por lo que) la elaboración de mapas de delitos no resulta homogénea”.

DATOS NO OFICIALES. La Universidad Católica Argentina (UCA) publicó en enero un estudio sobre seguridad en las grandes áreas urbanas de la Argentina. Según detalla el informe, el aumento del delito entre 2010 y 2011 afectó principalmente a los sectores socioeconómicos medio y alto.

El documento puntualiza que “se observa un mayor crecimiento de la inseguridad en el Gran Buenos Aires que en las Ciudades del interior”. Y añade: “El sentimiento de inseguridad tuvo un comportamiento más uniforme afectando de manera similar a la población adulta de los diferentes estratos y condiciones residenciales analizadas”. Según confirmaron desde la UCA, en julio se publicará un informe en el que estarán volcados datos de 2012.

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