01/08/2013 Falta de control

“La Administración General de Puertos no actualiza sus balances desde 1998”

Lo afirmó Oscar Vecslir, quien estuvo al frente del organismo entre el 2010 y 2012. Según explicó, “un problema en el sistema de contabilidad, sumado a la falta de un back up en papel generó un caos documental”. Por su parte, la Auditoría General de la Nación, en uno de sus últimos informes, aseguró que esta situación “denota un bajo grado de confiabilidad en los sistemas y circuitos administrativos contables”. El ex funcionario, ahora consultor de puertos, pidió fijar “una política portuaria nacional”.

La asamblea de la Administración General de Puertos (AGP) no firma sus cierres de cuentas desde 1998. Un problema en el sistema de contabilidad en 2002, sumado a la falta de un back up en papel, generó “un caos documental cuya consecuencia es una empresa sin balances actualizados”. Así lo detalló Oscar Vecslir, quien estuvo a cargo del organismo entre el 2010 y 2012.

La Auditoria General de la Nación (AGN) tomó conocimiento de esta situación y, en un informe publicado el año pasado (difundido por el portal www.elauditor.info) se abstuvo de opinar alegando una “falta de documentación respaldatoria y atrasos e inconsistencias en la información suministrada”. Según el organismo de control, estos hechos “denotan un bajo grado de confiabilidad en los sistemas y circuitos administrativos contables (de la AGP)”. Y añade: “En este sentido, la evaluación informática realizada en 2005 por la AGN sobre dicho sistema evidenció la falta de integridad en la información almacenada así como un debilitamiento en sus controles internos”.

Durante su gestión, Vecslir aseguró que intentó corregir  este problema: “A través de convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y con la AGN armamos un plan para resolver los distintos cuestionamientos que la el organismo de control planteaba. Pudimos hacer los balances definitivos y casi llegamos a actualizar hasta 2011. Faltó solo la firma de la asamblea”, indicó. 

En diálogo con gestionpublica.info, afirmó que “muchos no quieren hacerse cargo de lo que otros gobiernos gestionaron. Un balance observado puede ser mejorado hacia adelante, pero no hacia atrás”.  

¿Qué faltaría para tener un control eficiente del sistema portuario?

Necesitamos fijar una política portuaria nacional. Es decir, alguien que decida hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Esta es una decisión de corte político. Brasil acaba de votar una ley que permite la inversión de seis mil millones  de dólares en el sistema portuario porque la actividad está colapsada. Por otra parte, no hay planes directrices. El Puerto de Buenos Aires lo hizo pero no fue aprobado.

¿Cómo se vincula el crecimiento económico del país de estos últimos años con el desarrollo del Puerto?

El sistema portuario se va transformando al ritmo del crecimiento económico del país y la transformación de la globalización. Esto nos obliga a conectarnos al mundo de una manera mucho más dinámica. Cuando la economía crece entre el 3 y 7%, la logística del Puerto aumenta el doble. En este sentido, es importante generar modificaciones.

¿Qué cambios serian necesarios en este contexto?

Para evitar el consumo de combustible y mejorar los costos portuarios y de navegación, los armadores introducen navíos cada vez más grandes a un ritmo asombroso. En 1993, cuando se licitaron por 26 años las terminales del Puerto de Buenos Aires, el buque promedio tenía 180 metros de largo por 23 de ancho. Hoy los barcos que están entrando al puerto de Buenos Aires miden 334 metros de largo por 43 de ancho. En este sentido, de a poco la estructura quedará obsoleta. Las terminales que tenemos en el país son internacionales y quienes las concesionan han hecho propuestas de inversión para adecuar los muelles a esta nueva situación. Lo único que piden a cambio es una prorroga de sus contratos. Esto trae una discusión porque las concesiones vencen en 2019 y no prevén clausulas de renegociación.

¿Cómo podría resolverse esta situación?

Tenemos una urgencia en adecuarnos. No podemos esperar seis años. Tenemos privados con capacidad de inversión que no piden al sector público recursos adicionales, pero estamos encerrados en un círculo vicioso donde nadie toma decisiones jurídicas ni políticas. 

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