15/08/2013 Punto de vista

Vaca Muerta: una aritmética elemental y los desafíos de la auditoría

Por Atilio A. Boron. Una ola de entusiasmo recorrió buena parte del país cuando se firmó el acuerdo entre el gigante petrolero norteamericano Chevron e YPF para explotar los grandes yacimientos “no convencionales” de petróleo y gas de esquisto (“shale”) de Vaca Muerta.

Dejando de lado los cruciales aspectos políticos vinculados a la conveniencia o no de ligar la estrategia de recuperación del autoabastecimiento energético nacional en manos de una transnacional petrolera con los nefastos antecedentes que en materia medioambiental registra la Chevron quisiera en esta nota concentrarme en dos puntos: primero, la eficiencia global de un acuerdo que aún no ha sido sometido a escrutinio público, lo cual constituye una gravísima anomalía. En segundo lugar, los problemas que suscita la aplicación de la tecnología de la “fractura hidráulica”, también conocido como fracking en la explotación de los recursos hidrocarburíferos de Vaca Muerta.

En relación a lo primero un ejercicio aritmético arrojaría sobrias enseñanzas acerca de los escasos beneficios que reportaría el mentado acuerdo. Veamos: en la Argentina el consumo de gas, en época invernal, ronda en torno a los 130 millones de metros cúbicos por día. En las jornadas más frías del año el consumo domiciliario alcanza casi 100 millones, a lo que habría que agregar la importante demanda que se origina en el sector industrial y las usinas termoeléctricas. No sorprende, por lo tanto, que en esos días la industria y las usinas no puedan ser abastecidas con gas al priorizarse el suministro a los hogares.

Tal como ha sido anunciado, el acuerdo Chevron-YPF alcanzará, en el año 2017, a producir 3 millones de metros cúbicos de gas natural  por día. Es decir que luego de hacer una inversión del orden de los 15.000 millones de dólares (estimación de mínima) a lo largo de un quinquenio y de aplicar una tecnología de extracción tan peligrosa como el fracking el aporte que hará el citado emprendimiento equivaldrá aproximadamente al 3 % del consumo diario de gas de la Argentina. Esta cifra es un promedio que incluye la temporada invernal, de alto consumo, y la estival, cuando aquél disminuye sensiblemente, y también la demanda -sumamente inelástica a la baja- de las industrias y las usinas termoeléctricas que requieren grandes cantidades de gas a lo largo de todo el año. Supone también que en cinco años de plazo la demanda global de gas se mantendrá en los niveles actuales, lo que es poco realista. Si en cambio se elaborase una modesta proyección estipulando un moderado crecimiento de la misma el aporte del gas de Vaca Muerta oscilaría en torno a un 1.5 – 2.0 % del consumo total del país. Para tomar una comparación muy ilustrativa, cada día Bolivia nos envía unos 16 millones de metros cúbicos  y otros 20 millones los aporta el Gas Natural Licuado que se importa por vía marítima y se regasifica en el país.

Conclusión: lo anunciado como producto del acuerdo Chevron-YPF es un aporte marginal a las necesidades del consumo nacional. La aritmética no es más promisoria si se habla del petróleo y no del gas: el consumo total del país es de unos 710.000 barriles diarios, y cuando las inversiones en Vaca Muerta maduren se espera que ese yacimiento pueda producir unos 50.000 barriles por día, o sea, alrededor del 7 % del consumo total. Ante la elocuencia de estos datos cabe preguntarse por la conveniencia de una política energética que apueste imprudentemente su futuro en el petróleo y gas no convencionales y en una metodología de extracción sumamente agresiva para el medio ambiente. Se deberá invertir una suma fabulosa de dinero para satisfacer una proporción insignificante del consumo nacional de petróleo y gas, suma a la que deberán agregarse los exorbitantes gastos que ocasionarán las políticas de reparación de los enormes pasivos ambientales que genere esa explotación y las demandas que seguramente entablarán las comunidades afectadas por aquella. Cuestiones estas tanto más pertinentes en la medida en que no son los expertos, del país y del extranjero, que aseguran que la Argentina todavía cuenta con grandes reservas de petróleo y gas convencionales aún sin explotar.

Segundo tema: las consecuencias del  fracking. Hay un amplio debate en torno a esta tecnología, pero por sus implicaciones para el medio ambiente y la salud pública en muchos países ha sido prohibida y en otros se ha establecido una moratoria. En Francia, Reino Unido, Alemania, Bulgaria, Austria, Suiza, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Sudáfrica e Italia existen prohibiciones de alcance nacional y, en algunos casos, provincial o municipal. Igual cosa ocurre en Canadá (Québec y otras provincias) y en Estados Unidos. Vermont, New Jersey y Carolina del Norte establecieron prohibiciones; algunos de los principales condados y ciudades del estado de Nueva York (Buffalo, Siracusa y Rochester ) adoptaron la misma tesitura al igual que Pittsburgh en Pennsylvania y otras ciudades y condados en los estados de Maryland, Ohio, Iowa, Virginia y West Virginia. En Texas, el gobernador se vio obligado a promulgar una ley estadual exigiendo a las empresas perforadoras que pongan en conocimiento del público los productos  químicos utilizados al extraer petróleo y gas por medio del  fracking. Esta técnica tiene varios problemas: primero, el más mínimo error en el entubado y la cementación de la boca del pozo contamina inexorablemente las napas acuíferas; segundo, la fractura hidráulica de las rocas requiere inyectar a muy elevada presión una mezcla de agua, arena y unos seiscientos productos químicos, la mayoría de los cuales, según la Sociedad Médica de Massachusetts, son altamente nocivos para la salud de la población. Tercero, hay evidencias que las fracturas hidráulicas del subsuelo tienden a producir pequeños sismos, pero que en algunos casos pueden originar otros de mayor intensidad, algo que fue decisivo en la prohibición de los británicos. Cuarto, se supone que cada pozo de hidrocarburos no convencionales requiere unos 25 millones de litros de agua por día. En su maduración Vaca Muerta contará con unos 1.500 pozos tan sólo en la pequeña zona afectada al convenio Chevron-YPF. ¿De dónde se va a obtener tan fabulosa cantidad de agua? Una aritmética elemental nos permitiría concluir que al cabo de un tiempo los ríos de la región, el Limay y el Neuquén, correrían la misma suerte que el otrora caudaloso río Colorado, en Estados Unidos, ahora convertido en un insignificante arroyuelo. Quinto y último, ¿qué hacer con los desechos que origina el fracking, tema éste que suscitó una prohibición específica en el estado de New Jersey? ¿Qué hacer con esa mezcla tóxica de agua, arena y químicos una vez que re-emerge a la superficie? ¿Dónde depositarla sin poner en riesgo al medio ambiente y la salud de la población?

Lo anterior plantea otro problema, muy delicado: ¿cuáles serán las agencias del estado (nacional y provincial) que deberán asumir la tarea de fiscalizar y auditar las actividades extractivas en Vaca Muerta? Es sabido que las actividades de monitoreo, control y fiscalización no son precisamente las que sobresalen por su calidad en el estado nacional o los gobiernos provinciales. Claramente, la magnitud y complejidad del problema excede a los organismos técnicos del sector energético; lo mismo ocurre con aquellos relacionados con las actividades económicas, la defensa del medioambiente, la salud pública o los derechos de las comunidades. El gran desafío será que todas estas agencias deberán actuar sincronizadamente y, además, contar con personal altamente especializado y recursos apropiados (¿los tienen?). De lo contrario no se podrá garantizar la eficaz auditoría que evite que las premuras por alcanzar el abastecimiento energético se haga a costa de arrasar con los derechos de las comunidades (especialmente, de los pueblos originarios donde se encuentra el yacimiento), el medio ambiente o la salud de la población. 

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