28/08/2013 Columnista

La corrupción corroe la democracia

Por Atilio A. Boron. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha lanzado una campaña frontal contra la corrupción. En Bolivia, Evo Morales promueve una caravana que recorre el país para significar la importancia de la transparencia administrativa y el combate a la corrupción. En la Argentina una sucesión de catástrofes ferroviarias y numerosas denuncias de la prensa y de políticos han instalado al tema como uno de los más importantes en la campaña electoral.

En el caso venezolano la corrupción adquirió la dimensión de “un monstruo de mil cabezas”, según la gráfica expresión de Maduro, lo que exigirá un esfuerzo sobrehumano para si no erradicarla por lo menos reducirla a una mínima expresión. El problema, como puede verse, está lejos de ser una patología política atribuible a unos pocos países. La nueva ley de pesca de Chile, sancionada durante el gobierno de Piñera, es un ejemplo “de libro” de legalización de la corrupción. Brasil ha sido conmovido por episodios como el famoso “mensalao”, o la compra de votos en el Congreso, que llevó a la cárcel a José Dirceu, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Lula. Varios ministros y/o directores generales fueron separados de sus cargos por la presidenta Dilma Rousseff por su involucramiento en actos de corrupción.

Y formas más o menos refinadas de corrupción son corrientes en Estados Unidos, los principales países europeos, Japón y hasta la mismísima Santa Sede, en cuyo banco el Papa Francisco ha ordenado una exhaustiva depuración para deshacerse de los corruptos. En el caso del país del Norte, el hecho de que el presidente George W. Bush emitiera la orden de arrasar con Irak para luego pedirle a Halliburton -la empresa de la cual fuera uno de sus gerentes el vicepresidente Dick Cheney- que se haga cargo de la reconstrucción es tan grosero que exime de mayores comentarios. Lo ocurrido con el tesorero del Partido Popular en España, que involucra directamente al Presidente Rajoy, es apenas el más reciente de una larga historia de delitos de ese tipo, para ni hablar del festival de la corrupción en la Italia de Berlusconi.

De lo anterior se desprende que el ataque a la corrupción debería ser uno de los objetivos prioritarios de cualquier democracia. Si hay algo que la corroe y termina destruyéndola; que la deslegitima a los ojos de la ciudadanía es la corrupción. Por eso Simón Bolívar pedía juicio sumario y pena capital para los funcionarios públicos que incurriesen en actos de corrupción, cualquiera que fuese su rango. En línea con ese razonamiento, Maduro anunció por cadena nacional que enviaría un proyecto de ley a la Asamblea Nacional proponiendo la aplicación de la pena máxima (30 años de prisión, no excarcelables) para quienes fuera hallados culpables de ese delito.

En el caso argentino, al igual que ocurre en otras latitudes, el fenómeno tiene raíces históricas: basta para comprobarlo con recordar lo ocurrido con la distribución de las tierras arrebatadas a los pueblos originarios en la “campaña del desierto” (¿si era un desierto para que hacía falta una campaña para incorporarlo al expansivo capitalismo agrario de aquella época?). El mismísimo Domingo Faustino Sarmiento inventó un verbo, “ataliviar” (por Ataliva, el nombre del hermano de Julio Argentino Roca y el “operador” de todas sus transas) para denunciar la fenomenal corrupción mediante la cual se originó una poderosa oligarquía terrateniente cuyos descendientes continúan disfrutando de esa riqueza mal habida hasta el día de hoy.

En nuestro país la lucha contra la corrupción ha tropezado con formidables obstáculos. La maraña de leyes, jurisdicciones y procedimientos judiciales ha servido para dificultar la identificación y el castigo de los delincuentes. Se dice, y nunca es más cierto que en este caso, que una justicia lenta no es justicia. Los tropiezos o defectos (intencionales o no) de la instrucción judicial echan otro manto de impunidad sobre los corruptos, al igual que la protección que en muchos casos gozan de las fuerzas policiales.

La inexplicable pasividad del gobierno actual ante algunos casos flagrantes –tomemos apenas el de Ricardo Jaime, ex secretario del Transporte, por ejemplo- o la de sus predecesores, ante casos como la voladura de Río Tercero o el affaire IBM-Banco Nación, alimenta las sospechas de complicidad oficial, cosa que no ocurre en Brasil, donde la presidenta Rousseff se ha desprendido de numerosos colaboradores ni bien sus nombres aparecieron relacionados con diversos actos de corrupción. El panorama se complica cuando se constata que en no pocos casos las denuncias se realizan para promover intereses políticos o económicos subalternos, lo que arroja una sombra de sospecha sobre la autenticidad de las mismas contribuyendo de este modo a que terminen en la nada. El “denuncialismo serial” de algunos actores, individuales o colectivos, es el reverso de la medalla de la inacción oficial: la conciencia pública se adormece y se instala una suerte de lamentable acostumbramiento ante los estragos de un vicio político que provoca no sólo perjuicios económicos sino muertes y toda clase de infortunios. Para colmo, el doble standard de algunos de los acusadores, sean éstos  partidos políticos, dirigentes o medios de prensa, tampoco ayuda a combatir la corrupción: el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires está procesado en dos causas, y sin embargo nadie lo recuerda, gracias al blindaje mediático del que goza; el vicepresidente de la nación está mencionado en algunas causas, no procesado, pese a lo cual ya ha sido “linchado” mediáticamente con un ensañamiento digno de mejores causas. Tamaña parcialidad sólo sirve para que la corrupción siga su curso indefinidamente.

Va de suyo que el problema de la corrupción no se localiza tan sólo en el gobierno nacional; las administraciones provinciales y municipales no están liberadas de ese flagelo. Las reiteradas violaciones a las zonificaciones urbanas en la ciudad de Buenos Aires –que prohíben, por ejemplo, la construcción de edificios de altura en barrios de casas bajas- es otro claro caso de corrupción, al igual que la inacción del gobierno de la provincia de Córdoba ante la existencia de residuos radioactivos en algunos barrios de la ciudad.

El otro problema es que el ocultamiento, o la impunidad, de los actos de corrupción no sólo protege al corrupto sino también al corruptor. Una de las mayores debilidades de la legislación en casi todos nuestros países es que la figura del segundo permanece fuera de la vista del gran público, con lo cual el problema no hace sino profundizarse. Un combate efectivo a la corrupción debería no sólo centrarse en la figura del servidor público que recibe coimas o malversa fondos sino también en quien promueve, por interés propio, este tipo de conductas. Condenar a la cárcel al corrupto y dejar en libertad al corruptor sólo servirá para amplificar el ciclo de la corrupción. Pese a todas estas complejidades del tema, de las que apenas hemos dado cuenta en esta breve nota, pocas dudas caben que la batalla contra la corrupción es una de las más urgentes e importantes tareas del momento.

 

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