28/08/2013 Opinión

El Gobierno oyó el reclamo de los trabajadores

Por Facundo Martínez*. Luego del resultado de las PASO, se esperaban medidas del Gobierno tendientes a levantar su alicaída imagen frente a las elecciones de septiembre y eso fue lo que ocurrió esta semana, en la que abundaron los anuncios de alto impacto para la mayoría de los argentinos.

Entre ellas, la más resonante, sin dudas,es la de suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que desde hace un tiempo, por la falta de actualización del mínimo a pesar de la inflación, pagaban buena parte de los trabajadores argentinos y que a partir de septiembre sólo pagarán aquellos que superen los 15.000 pesos de ingresos brutos o 30.000 pesos teniendo en cuenta los ingresos de grupo familiar. Además, muchos de estos trabajadores que dejarán de pagar ganancias volverán a cobrar las asignaciones familiares, cuyos montos varían desde los 410 pesos a los 110 pesos por hijo, dependiendo del salario real de los trabajadores.

El anuncio de este paquete de medidas, que además presenta una mejora del orden del 20 por ciento del mínimo no imponible para los sueldos superiores a 15.001 y hasta 25.000 pesos, se dio en el marco de la mesa de diálogo a la que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó tanto a empresarios industriales, banqueros y sindicalistas, poco después de esa catarsis post electoral cuando desde la tribuna de Tecnópolis expresó su voluntad de “hablar con los titulares y no con los suplentes”. Y refuerza con claridad el rol protagónico que pretende jugar la principal figura del kirchnerismo para apuntalar su gobiernoluego del duro golpe de las internas del 11 de agosto, donde a nivel nacional el Frente para la Victoria alcanzó poco más del 26,3 por ciento; apenas el doble de los votos que sumó el intendente de Tigre, Sergio Massa, desde su Frente Renovador sólo con los votos de la provincia de Buenos Aires.

Es en este marco que también podría incluirse el anuncio presidencial sobre la reapertura del canje de la deuda externa para los tenedores de bonos de la deuda argentina que no ingresaron en los dos canjes anteriores, los denominadosholdouts o fondos buitres. El anuncio fue presentado como respuesta a un fallo judicial adverso de una Cámara de los Estados Unidos cuya apelación deberá considerar la Corte Suprema de ese país, que deberá expedirse no sólo teniendo en cuenta el caso argentino en particular sino el precedente que esa sentencia pueda sentar para el resto del mundo, algo que preocupa substancialmente a los gobiernos europeos en crisis, que ya han expresado sus inquietudes en tal sentido. También aquí hubo una exhortación de la Presidente a los empresarios cuando pidió “apoyo público”, aclarando que no se trata de un “respaldo hacia este Gobierno, sino a la Nación argentina”.

Pero volviendo a la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, resulta interesante recalcar una cuestión central. El justo reclamo que unía los gremios de la CGT oficialista, de Antonio Caló, y de las CGTs opositoras, como las de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, fue finalmente oído por el Gobierno que hasta antes de las elecciones no parecía estar dispuesto a ceder terreno en la materia.Un cambio de timón importante frente a un reclamo legítimo ante unadecisión de política económica que horadaba el bolsillo de los trabajadores. “Es política permanente del Poder Ejecutivo Nacional instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercador interno nacional”, se lee en el decreto 1242/2003 que firmó la Presidenta para dar curso a los nuevos cambios en materia fiscal, que incluyen también un proyecto de ley enviado al Congreso para gravar con un 15 por ciento la compraventa de títulos y acciones que no cotizan en la Bolsa; también se eliminará la exención a los beneficiarios del exterior, y se gravará con un 10 por ciento la distribución de ganancias entre los accionistas de las empresas.

La idea del Gobierno es compensar el impacto de la baja en la recaudación por ganancias con una mayor presión tributaria para los sectores privados. “Trabajamos duramente y encontramos la vuelta para que queden excluidas la mayoría de las personas que trabajan en relación de dependencia y que el gravamen caiga sobre los que más tienen”, explicitó Cristina Fernández de Kirchner durante su discurso en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada.

Los cambios anunciados en el impuesto a las ganancias, según los datos aportados por la AFIP, beneficiarán al 89,8 (8.382.390 personas) por ciento de los trabajadores registrados en relación de dependencia y prácticamente a la totalidad de los jubilados y pensionados (99,3 por ciento, es decir 5.975.623 personas). A partir de septiembre dejarán de pagar el impuesto a las ganancias 1,3 millones de trabajadores y cerca de 100.000 jubilados y pensionados.

Para los trabajadores cuyos ingresos brutos superen los 15.000 pesos y hasta los 25.000, la nueva normativa comprende un pequeño alivio en la carga tributaria, ya que se aumentarán las deducciones en un 20 por ciento. Este cambio beneficiará a unos 700 mil empleados, que representan el 70 por ciento de los trabajadores que desde septiembre serán los únicos que paguen el impuesto a las ganancias.

Por estas modificaciones anunciadas, el Estado dejará de percibir unos 3898 millones de pesos, que se suman a los 217 millones que la AFIP dejará de recaudar en provincias patagónicas, donde la suba de las deducciones alcanzará el 30 y no el 20 por ciento. Para terminar de comprender cuánto es lo que dejará de recaudar el Estado, habría que sumarle por último unos 380 millones de pesos que son los que la ANSES deberá desembolsar por el incremento del tope para las asignaciones familiares, que muchos de los trabajadores incluidos en el primer corte comenzarán a cobrar con la liquidación del salario de septiembre. El esfuerzo fiscal total será de unos 4.495 millones de pesos.

Concluida de esta manera la discusión por el impuesto a la ganancias, que había tenido un lugar protagónico en las campañas políticas de las PASO como bandera de los opositores, pero que los trabajadores venían planteando al menos desde 2011 cuando ocurrió la última modificación, queda todavía por resolverse otra cuestión significativa para los trabajadores y que fue también planteada en la primera reunión de la mesa de diálogo que la Presidenta convocó por primera vez la semana pasada en Río Gallegos para “discutir el modelo” económico. Se trata del trabajo en negro, o informal, cuyo debate volverá a instalarse en la agenda política, tal como ocurrió durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner.

*Sociólogo y periodista.

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