12/09/2013 Opinión

Juicios por jurados: un debate lleno de prejuicios

Por Facundo Martínez*. El debate por los juicios por jurados, cuya implementación divide las aguas dentro del Poder Judicial, ha ganado el centro de la escena en estos días. Neuquén se sumó a las provincias que ya lo aplican desde 2004, como es el caso de Córdoba, y Buenos Aires tiene el proyecto prácticamente listo para su inminente aprobación. Las experiencias han sido positivas y en las provincias en las que se realizan este tipo de juicios, los ciudadanos que han participado como jurados aseguran que volverían a hacerlo de ser otra vez convocados. Sin embargo, las resistencias continúan.

Los juicios por jurados son alentados por la Constitución, sin embargo todavía sufren el rechazo de una parte de la corporación judicial, como quedó en evidencia la semana pasada en Villa La Angostura, durante el XV Encuentro de Jueces de Cámara de Tribunales Orales.

Allí se debatió sobre los Juicios por Jurados y su implementación en el país. Hubo –como en todo debate- posiciones encontradas. Entre ellas asoman dos caras diferentes de la Justicia: aquella que se piensa cercana a la ciudadanía y, por ende, a la democratización del poder judicial;y otra que, oponiéndose a esta apertura, y de claro perfil corporativista, pone el eje en la excluyente profesionalización de la familia judicial.Entre los argumentos de unos y de otros, el ciudadano común, digamos el de a pie, podrá hacer su propio bosquejo del debate en cuestión.

Sin menciones específicas a las experiencias positivas que relataron las provincias que han puesto en funcionamiento este tipo de juicios por jurados, una de las principales detractoras resultó ser la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, quien ofreció sus argumentos a los presentes a través de una videoconferencia. “No es momento para tener un juicio por jurado. No tenemos garantía de que la gente comprenda cuál es la visión; no tenemos garantías de que sea un juicio sereno y de que no esté contaminado por la mirada periodística; no tenemos garantía de que no haya sido presionado por parte de la víctima o de los imputados”, apuntó la magistrada, que luego decidió ir más a fondo con su visión, y agregó: “No es que discrepe del juicio por jurados, sino que me parece difícil de implementar por tres cuestiones: es caro, falta educación y preparación de la ciudadanía y la interferencia que los medios de comunicación pueden generar”. Y, como para que no queden dudas de su visión, aclaró un poco más la segunda cuestión: “Lo más grave para que la ciudadanía colabore en la repartición de la justicia es la falta de educación”.

Respecto de la cuestión pragmática, Argibay esgrimió argumentos de índole económicos: habló del gasto que podría generar la implementación de este tipo de juicios por jurados, y también de la necesidad de aislamiento de los jurados en cuestión para evitar que reciban “presiones o comentarios” que puedan “contaminar” su entendimiento propio. “Es difícil escuchar jurados no contaminados, porque tenemos esta cultura de los medios, con periodistas que son detectives, investigadores y largan versiones; la verdad, que muy poca gente entiende el principio de inocencia. Temo linchamientos y sentencias espantosas”, apuntó.

Lo expresado por Argibay funcionó como disparador del debate. Las respuestas de jueces y camaristas a favor de los juicios por jurados no se hicieron esperar.

La antigua sentencia de Alexis de Tocqueville: "el juicio por jurados no sólo es el medio más enérgico de hacer reinar al pueblo sino también el medio más eficaz de enseñarle a reinar" se hizo carne en los argumentos de los defensores de este sistema, como el camarista cordobés Víctor Vélez, quien defendió enérgicamente la experiencia de jurados en su provincia. “Los fallos de los jurados no despiertan polémica y no se cuestiona su honestidad y fiabilidad”, comentó el camarista que integra la Federación Argentina de la Magistratura.

En encuentro en Villa La Angostura fue organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios, cuyo presidente, Luis María Cabral, apuntó que “los jueces entendieron que el juicio por jurado es una forma concreta institucional para lograr participación ciudadana en la resolución de conflictos de grave repercusión jurídica y social".

Ahora bien, no resulta ser un detalle menor el hecho de que los juicios por jurado estén no sólo contemplados sino que, además, sean estimulados por la Constitución en sus artículos 24: “el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación y el establecimiento del juicio por jurados”; 75: “corresponde al Congreso:inciso 12, dictar (…) especialmente leyes generales (…) las que requiera el establecimiento de juicios por jurados”; y el artículo 118: “todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego de que se establezca en la República esta institución”. El especialista Andrés Harfuch, de la Asociación de Juicio por Jurados, también le contestó a Argibay: “A esta altura no se pude discutir la conveniencia o no de lo que es un mandato que está en la Constitución Nacional”. Y, con respecto a la cuestión de si están o no preparados los ciudadanos para afrontar este compromiso, agregó: “Hay mucho prejuicio por el desconocimiento. En ningún país se aísla a los jurados, salvo circunstancias excepcionales. El pueblo argentino está sobradamente capacitado para cumplir su labor cívica, juzgar racionalmente y con sentido común las pruebas y el debate de versiones. Esto no puede quedar reservado a una suerte de jueces iluminados, que pueden estar bajo las mismas influencias que cualquiera (Página 12, 6/9/13)”.

He aquí otro punto interesante para el debate. El de la “contaminación” a la que hace referencia Argibay. Lo marca el juez Mario Juliano, quien afirma que la Ministra “expresa una suerte de desprecio ilustrado hacia la participación popular” y luego de atacar cada uno de los argumentos de Argibay, resume el de la contaminación con asombroso tino y sencillez: “Es imposible, e indeseable, que los jueces, o los jurados, respondan al modelo del ermitaño. No existe individuo sobre la tierra que no tenga prejuicios producto de su formación, de las influencias culturales, de la realidad en la que se inserta”. Una pregunta flota en el aire en tal sentido ¿cómo hará Argibay para “descontaminarse” cuando le toque expedirse a la Corte Suprema sobre la Ley de Medios?

Por último, un dilema. Está claro que el prejuicio que Argibay muestra respecto de la educación de los ciudadanos tiene un fuerte anclaje en las castas academicistas y antijuradistas, que también anteponen sus propios intereses y subjetividadesfrente a los cambios que se intentan plasmar en el Poder Judicial para democratizarlo. Como ocurre con el huevo y la gallina, resulta interesante la reflexión acerca de las causas y los efectos, de esa inversión irresoluble. Si, como sostiene Argibay, “la falta de educación y preparación de la ciudadanía” es un impedimento real ¿no podría pensarse acaso la participación ciudadana en los juicios con jurados como un disparador para apuntalar tanto su formación cívica como su compromiso social? Como bien sostuvo Domingo Faustino Sarmiento, quien siendo de joven almacenero en San Juanocupó luego los más altos cargos políticos hasta llegar a la presidencia del país (1868-1874), educar al Soberano, es decir al Pueblo, es y será siempre una “empresa gloriosa”. Porque –decía el político, el educador- “no hay República sino bajo esta condición. La palabra democracia es una burla, donde el gobierno que en ella se funda, pospone o descuida formar al ciudadano moral e inteligente”.

*Sociólogo y periodista

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