26/09/2013 Entrevista

“Una absolución en esta causa sería otra vergüenza del Poder Judicial”

Así lo consideró el director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Agustín Carrara, en el marco del juicio oral por el supuesto pago de sobornos en el Senado nacional para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral. El principal imputado es Fernando De la Rúa. Según dijo, “no hay excusas posibles para no condenar y recuperar el dinero”.

Finalmente se reanudó el juicio oral por el supuesto pago de sobornos en el Senado nacional para la aprobación de la ley de Reforma Laboral, en abril de 2000. El principal imputado es el ex presidente Fernando De la Rúa. Además, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de la Capital, a cargo de los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez, tendrá que resolver la situación de los siete ex senadores acusado de cobrar las coimas (Fernando de Santibañes, Mario Pontaquarto, Augusto Alasino, Mario Alberto Flamarique, Ricardo Alberto Branda, Alberto Tell y Remo Constanzo).

El caso se suma a la larga lista de juicios contra funcionarios públicos en los que el retardo en los procesos parece ser el denominador común. En diálogo con Gestionpublica.info, el director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Agustín Carrara, entiende que “los testigos no recuerdan las cosas con la misma exactitud, se hace más difícil localizar y recuperar el dinero robado al Estado”.  Además, explica que “las defensas buscan dilatar las causas para lograr la prescripción, y los jueces y fiscales en líneas generales suelen ser funcionales a esto”.

¿Podría llegar a prescribir esta causa, teniendo en cuenta que se trata de un delito cometido hace trece años?

No, la causa no está prescripta. Si bien el trámite lleva ya trece años, durante el proceso la prescripción se fue interrumpiendo por distintos actos procesales. De cualquier manera, el hecho de que actualmente la causa no esté prescripta no quita responsabilidades a todos los funcionarios que han demorado el juicio durante años. Estos trámites que duran décadas tienen varias consecuencias: las causas se acercan a la prescripción; las defensas plantean que se ha violado el plazo razonable para ser juzgados; los testigos no recuerdan las cosas con la misma exactitud, se hace más difícil localizar y recuperar el dinero robado al Estado y la atención que la sociedad le presta al caso se va diluyendo.

¿Cuál considera que es el principal punto del sistema (político y judicial) que obstaculiza que los juicios a funcionarios públicos por casos de corrupción se realicen en un tiempo más corto?

Son varios los factores. Con un Estado capturado por intereses privados, es evidente que desde muchos sectores no exista voluntad política para avanzar con estos procesos, imponer condenas y recuperar el dinero. También puede ocurrir que exista esa voluntad, pero que la forma en la que se prevengan y persigan estos delitos sea ineficiente, porque son fenómenos de criminalidad complejos que no pueden tratarse como cualquier otro delito. A su vez, las defensas buscan dilatar las causas para lograr la prescripción, y los jueces y fiscales en líneas generales suelen ser funcionales a esto, lo cual se ve favorecido por un Código Procesal Penal de la Nación que requiere una reforma urgente, porque diseña un proceso penal que se caracteriza por la lentitud, la ineficiencia, la burocracia, y el secreto de todo lo que ocurre. A esto habría que agregar que el Código Penal tiene una incoherencia interna muy marcada: fija penas muy bajas para este tipo de delitos en comparación a todos los demás, lo que en definitiva hace más probables las prescripciones.

¿Cómo evalúa la actuación de la Oficina Anticorrupción como querellante?

La semana pasada, la Oficina Anticorrupción comenzó con los alegatos del juicio, pidiendo que se condene a casi todos los imputados. Es importante que estén pidiendo una pena de más de seis años de prisión para un ex Presidente, juzgándolo como instigador. De cualquiera manera, también hay que tener en cuenta que si una causa llega a tramitar trece años, el organismo público que está como querellante indudablemente tiene una cuota de responsabilidad en esto. Además, entre las penas que pidieron para los distintos imputados solicitaron que se impongan algunas multas, pero no exigieron el decomiso de los más de cinco millones de dólares que en total se pagaron en coimas.

¿Cuál consideras que será la postura final del Tribunal al momento de la sentencia?

Desde hace mucho tiempo se rumorea que el Tribunal puede hacer caer la causa. De hecho, el caso estaba listo para ir a juicio oral en 2006, pero decidieron esperar tres años más para incluir el procesamiento de De la Rúa. Ahora estamos a 2013 y todavía no terminó el juicio. Además, en las últimas semanas decidieron que no declarara Silvana Costalongo, que es una testigo clave porque era la mujer de (Mario) Pontaquarto, y tuvo en su casa el dinero de los sobornos.

Entonces podría darse la posibilidad de que sean absueltos…

Una absolución en esta causa sería otra vergüenza del Poder Judicial, ya que los hechos están claramente probados. A las declaraciones de cientos de testigos y el análisis de los llamados telefónicos de los imputados, se suma el testimonio de un arrepentido: la confesión de Pontaquarto no hizo más que corroborar la hipótesis que había elaborado la fiscalía. No hay excusas posibles para no condenar y recuperar el dinero.

La Alianza ganó las elecciones con un discurso de renovación política. Sin embargo, un año después quedó implicada por el pago de sobornos para la aprobación de la ley de Reforma Laboral. ¿Qué lectura haces de esta situación?

Es otra prueba de que la corrupción y la criminalidad económica son problemas estructurales y sistémicos. No son casos aislados, ni una cuestión de falta de ética de algún funcionario en particular. Por eso, a la hora de decidir cuál va a ser la política criminal del Estado frente a estos delitos, hay que tener en cuenta este dato. Este hecho mostró también que el discurso anticorrupción y de transparencia tiene una alta recepción en la sociedad. Esto es bueno como base para un cambio cultural, pero es inútil si la propuesta no pasa de una simple idea de transparencia como fin en sí mismo. La transparencia tiene que ser un medio que sirva para evidenciar todos los vínculos y conexiones montadas sobre el Estado, para que de esa manera se pueda ver cuáles son los verdaderos intereses que terminan prevaleciendo.

¿Qué rol ocupan los organismos de control como la AGN, la UIF o la OA a la hora de echar luz en casos de corrupción? ¿Crees que son escuchados por la justicia?

Primero hay que analizar si tienen un buen desempeño y si efectivamente demuestran una voluntad política de avanzar en estos temas. En líneas generales, la red de organismos de control en nuestro país funciona mal. Hay contadas excepciones; por ejemplo, en los últimos años la UIF ha tomado una actitud mucho más activa y ha mejorado su rendimiento. La realidad es que si los organismos de control no son escuchados por la Justicia es porque no están haciendo bien su trabajo. No pueden manejarse con una lógica burocrática, creyendo que alcanza con la presentación de un informe cada varios meses. Si bien cada uno tiene distintas competencias y facultades, tampoco pueden tomar a la lentitud y la ineficiencia del Poder Judicial como excusas frente a la falta de condenas y de decomisos.

¿Cuáles son los desafíos de las organizaciones no gubernamentales, como el CIPCE y tantas otras, a la hora de enfrentarse a este tipo de casos?

El primer obstáculo que nos suelen interponer es la discusión sobre nuestra legitimación: muchos jueces y fiscales no nos permiten intervenir procesalmente en las causas. Así, nos hacen estar años discutiendo algo tan básico como si podemos tomar vista del expediente o no. En la causa Skanska, por ejemplo, nos llevó tres años, empezando con el juez (Norberto) Oyarbide y finalizando con la sala IV de Casación. Pierden el tiempo con una cuestión de forma, porque de esa manera no nos dejan meternos a discutir el tema de fondo: las condenas y el recupero de los activos. En este sentido, el principal desafío es enfrentarse al conjunto de operadores judiciales que forman una verdadera corporación. Ya sea el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal o los organismos de control, cada vez se hace más evidente que dentro de ellos existen amplios sectores que garantizan la impunidad del Poder Económico, y una forma de lograr eso es impidiendo la participación de la sociedad civil en las causas. A esto se suma que desde el Cipce siempre buscamos que nuestro litigio sea público, porque son cuestiones que afectan a toda la sociedad. Somos conscientes de que cada medio de comunicación levanta los temas que están en línea con sus intereses. Como nosotros litigamos causas que involucren a cualquier partido político y cualquier grupo económico, la información que producimos nunca va a ser difundida por todos los medios por igual.

Hace unos días el CIPCE publicó que en este tipo de juicios “es difícil distinguir quién es acusado, quién es juez, y quién es acusador”, cosa que no sucede con los “pibes chorros”. Si bien cada vez se habla más de una sociedad civil participativa y atenta ante los casos de corrupción, ¿qué hace falta para desinstalar esta diferencia?

Un punto fundamental es lograr que se haga visible el daño social que generan estos delitos. Para eso, es clave poder recuperar el dinero robado al Estado. Sin embargo, esto no ocurre prácticamente nunca, porque en las pocas condenas que se dictan no se decomisan los bienes de los condenados. Cuando excepcionalmente se logró esto, en la causa por enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray, la Corte Suprema decidió quedarse ese dinero en lugar de permitir que regresara a la sociedad a través de su aplicación a una política pública específica. Si bien hay una indignación general por la corrupción, cuando se habla de “inseguridad” es común pensar en robos con armas, homicidios y violaciones, y no en los delitos que a nivel social son muy dañinos, como la criminalidad económica. Necesitamos un cambio cultural, que lógicamente no puede pensarse como algo inmediato sino como un proceso.

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