15/10/2013 Columnista

Jaime, Cassanello y sus laberintos

Por Facundo Martínez*. Cuando hace ya más de un mes la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa del ex secretario de Transporte durante los primeros seis años del kirchnerismo en el poder, Ricardo Jaime supo que tarde o temprano debía comparecer frente a la Justicia por la causa que afronta por “enriquecimiento ilícito” y que no sólo lo afecta a él sino a varios de sus familiares: sus tres hijas Julieta, Romina y Gimena, su hermano Daniel Jaime, su ex pareja Silvia Reyss, y las hijas de ésta, Agostina y Lorena Jayo, entre otros.

Al momento de tomar la decisión, los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky entendieron que el pedido de la defensa de Jaime no fue realizado sobre una sentencia definitiva, por lo que el ex funcionario, el primero proveniente de la filas del kirchnerismo que está ahí nomás de ser procesado por enriquecimiento ilícito, deberá esperar para volver a plantear el tema a que la causa alcance la instancia del juicio oral y público. "Los impugnantes no han logrado demostrar que el caso comporte la alegada violación a garantías constitucionales", argumentaron los jueces.

Una curiosidad en las causas por enriquecimiento ilícito es que se trata del único delito del Código Penal en el que se invierte la carga de la prueba. Es decir, que es el acusado quien debe demostrar y justificar ante las autoridades con qué dinero o ingresos logró amasar su fortuna. Al tratarse en el caso de Jaime de un funcionario que entre otras cosas manejaba la millonaria caja de los subsidios al transporte público, la sospecha es que se trata de dinero público.

El enriquecimiento ilícito es un delito contemplado en el Código Penal (artículo 268, inciso 2) para el que se establece penas de prisión de dos a seis años y multas por el valor equivalente al dinero o valor de propiedades equivalentes, además de la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública. Según la Ley, “se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban".

Este antecedente abrió el camino para que después de cinco años de investigaciones, Jaime tenga ahora que dar explicaciones ante el flamante juez federal Sebastián Cassanello, quien también investiga la causa por lavado de dinero de Lázaro Báez. Jaime deberá explicar ante el juez de qué manera tanto él como sus familiares incrementaron sus patrimonios. Cassanello notificó este lunes pasado al ex funcionario y sus familiares que tendrán que presentarse en su juzgado para comparecer frente a él el próximo mes. De la causa no se salvó ni la suegra de Jaime, María Filomena Pfaffen, jubilada de Río Gallegos, dueña de una casa en un barrio cerrado de San Isidro, que había sido comprada por el cuñado de Néstor Otero, dueño de la concesionaria de la Terminal de Ómnibus de Retiro.

En la decisión de Cassanello –a quien se lo vincula con La Cámpora, por su relación con el presidente del Areolíneas Argentinas, Mariano Recalde-, pesó el informe que escuchó junto al fiscal federal Jorge Rívolo y que le presentó el contador Héctor Roccatagliata –perito de la Corte Suprema de Justicia-, quien junto a la contadora Eleonora Feser  fueron los encargados de realizar el estudio sobre los bienes que Jaime y sus familiares adquirieron durante los seis años de gestión del funcionario. Propiedades, autos, un yate y el usufructo del famoso avión que valía 4 millones de dólares, producto de la relación entre el funcionario y los empresarios que debía controlar, de quienes según consta en otras dos causas judiciales recibía dádivas.

Durante la audiencia con Roccatagliata, el juez Cassanello le preguntó: "¿Del análisis que realizó de la documentación usada en la pericia puede afirmar que hubo enriquecimiento injustificado por parte Jaime?”. La respuesta del perito fue concisa: “Las diferencias en el movimiento patrimonial son apreciables y, en la medida en que se desconocen los orígenes de ingresos que dan motivo a un crecimiento patrimonial apreciable, este crecimiento es injustificable".

La causa con Jaime ya estuvo en manos del juez Norberto Oyarbide hasta que a dos meses de asumir como juez federeal, la tomó Cassanello, quien ahora citó a Jaime para el próximo 26 de noviembre. Jaime prestará declaración indagatoria y el juez deberá resolver el procesamiento o no del acusado y de quienes son considerados sus testaferros, es decir sus propios familiares.

La política ya lo condenó, cuando en 2009 tras la derrota de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires el Gobierno ensayó un cambio de gabinete y Jaime fue uno de los primeros fusibles en saltar, porque ya enfrentaba causas por corrupción.

Eso sí, el joven Cassanello –el único entre sus pares federales que estuvo presente en el acto cuando Cristina Fernández de Kirchner presentó la reforma judicial que la Corte Suprema desestimó-, no tendrá una tarea fácil porque deberá lidiar con (y abstraerse de) las presiones mediáticas de los opositores y las que pudiera ejercer el propio kirchnerismo, ya que ambas causas, tanto la de Jaime y la de Báez, resultan sensibles a sus propios intereses. Por ahora todos los apoyan, habrá que esperar su fallo para ver cuánto resisten los actores políticos involucrados la tan mentada independencia de la Justicia.

*Sociólogo y periodista.

 

 

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