11/10/2013 En el Congreso nacional

Reclaman que YPF sea controlada por la Auditoría General de la Nación

Fue un pedido de la Asociación del Personal de los Organismos de Control, desde donde aseguraron que “hay fondos públicos en juego”. A través de un recurso de amparo, respaldado por legisladores de la oposición, exigieron la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley 26.741.

Dirigentes de la oposición respaldaron una acción de amparo presentada por la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) contra el Gobierno nacional con la intención que se declare la “inconstitucionalidad” del Artículo 15 de la Ley 26.741 que exime a YPF del control de fiscalización técnica de la Auditoría General de la Nación (AGN).

“Que YPF no sea controlada por el Estado nacional cuando hay en juego fondos públicos es algo que se debería revertir”, comentó Hugo Quintana, secretario general de la de APOC quien participó de la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Anexo de la Cámara Baja de la Nación.

El diputado radical, Manuel Garrido, consideró que “la AGN debería controlar todo lo que sea la actuación de la administración, tal como dice la Constitución”. Y añadió: “Este acuerdo es singularmente importante por el monto que involucra y por la forma irregular en que se establecen condiciones secretas, lo cual es inadmisible en un sistema democrático”.

El acuerdo con Chevron se da en el marco del Programa de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que promueve el Gobierno Nacional. Tras diez meses de negociación, la empresa estadounidense se comprometió a invertir cerca de U$S 1500 millones en un plazo de 35 años.

A su turno, la diputada por Unión Por Todos, Patricia Bulrrich, indicó: “Queremos que se puedan explotar los recursos, pero en los últimos años sucedió exactamente lo contrario. Lo que hemos visto es la falta absoluta de control real del gobierno. La negativa de fiscalización hoy es parte de esa misma estrategia”. La dirigente estimó que este reclamo “es una defensa de lo público” y que es necesario “para cumplir como buenos funcionarios públicos”.

El ex titular de la Oficina Anticorrupción, Garrido, calificó como “contradictorio” el hecho de que Argentina forme parte de un plan global de gobierno abierto ya que sólo propone “medidas sustanciales”. “Se le quita visibilidad pública al control de contratos como el de YPF – CHEVRON”, indicó.

“Lo que nosotros venimos a plantear es que cumpla con el derecho constitucional de respetar las atribuciones del Congreso”, señaló la diputada del Frente Peronista, Graciela Camaño, quien también es candidata para renovar su banca por el partido que conduce Sergio Massa (Frente Renovador).

Hugo Quintana, principal promotor de esta iniciativa, confirmó que analiza la posibilidad de llevar el reclamo a la justicia ya que, según consideró, “no habrá respuesta por parte del Gobierno Nacional”. “El Poder Ejecutivo tiene que entender que tratar de eludir las normas no es muy democrático”, concluyó el secretario general de APOC.  

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