05/12/2013 En la Ciudad de Buenos Aires

“Son insuficientes las acciones estatales contra la violencia de género”

Así lo afirmó Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), en relación al informe de la Auditoría porteña que señala irregularidades en la gestión de la Dirección General de la Mujer. Según la especialista, “la mayoría de los programas son incapaces de brindar una adecuada atención”. Para el organismo de control, las problemáticas más graves giran en torno a la “falta de recursos humanos”.

Un informe de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó irregularidades en la gestión de la Dirección General de la Mujer. Las problemáticas más graves giran en torno a la falta de recursos humanos en varios de los Centros Integrales de la Mujer (CIM). Además, desde el organismo de control, aseguran que la base de datos de la central de llamadas “se encuentra saturada”.

En diálogo con gestionpublica.info, la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, coincidió con los señalamientos de la AGCBA y aseguró que los problemas más serios de la Dirección están dados por “la falta de personal capacitado y la limitación de la capacidad para dar asesoramiento, atención y seguimiento a todos los casos”. La especialista cuestionó “el escaso número de CIM” y el poco tiempo que se les destina para la atención de las víctimas.

La Dirección General de la Mujer opera bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires a través de dos programas principales: el de Asistencia a Víctimas de la Violencia y el de Fortalecimiento de políticas de igualdad de oportunidad. El primero se centra en la asistencia directa a las víctimas y atiende casos de violencia doméstica y sexual contra las mujeres, niñas y niños.

Según publicó el portal ElAdutor.info, durante 2011, año analizado por el organismo de control, “casi 7 mil personas hicieron uso de los diferentes dispositivos de este programa, ya sea desde los centros de convivencia, las líneas de atención telefónica o los programas como ‘Noviazgos Violentos’”.

El segundo programa, fomenta la promoción y difusión de los derechos de las mujeres y orienta sus actividades para concientizar tanto a los funcionarios como a la sociedad sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en la gestión pública y privada.

Según reveló la Auditoria porteña en un informe publicado este año, faltan profesionales en los CMI. Estos centros funcionan como dispositivos que, a través de un equipo interdisciplinario, asisten a las mujeres víctimas de violencia.

Por ejemplo, en el CMI Margarita Malharro, ubicado en Balvanera, es necesario incorporar psiquiatras y trabajadores sociales. Por su parte, en los centros de Villa Lugano y Arminda Aberastury falta abogados y psicólogos, respectivamente.  

Por su parte, Mabel Bianco calificó como “insuficientes” las acciones estatales destinadas a contener a las víctimas de violencia de género. “Salvo honrosas excepciones como la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o las brigadas del Ministerio de Justicia de la Nación que son buenos, la mayoría de los programas en todo el país son incapaces de brindar una adecuada atención”, aseguró la presidenta de FEIM.

Otro problema con el que se encontraron los auditores fue la falta de una base de datos en común que permita conocer información acerca de los agresores y de los riesgos que corren las víctimas. En este sentido, los auditores constataron que “en el 66% de los casos no está registrado el ‘tipo de riesgo’”. Este dato es de suma importancia ya que determina las condiciones de la mujer víctima de violencia y, de acuerdo a ello, cuáles podrían ser las acciones de contención necesarias para mejorar su situación. Además, la AGCBA detectó que “en el 31,48% de los casos no se registraron la ficha del agresor que permite elaborar un cuadro más preciso de quien está solicitando ayuda”.

Uno de los objetivos centrales de este tipo de dependencias se basa en la articulación entre las organizaciones no gubernamentales y el Estado para definir políticas públicas para prevenir la violencia de género. Sin embargo, para Mabel Bianco, “en general hay poco diálogo con el Consejo Nacional de las Mujeres y con las áreas del Gobierno porteño”. “El Consejo Nacional de las Mujeres tiene una subsecretaria responsable de la implementación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Recién hace dos meses pudimos tener una reunión y a partir de ese momento se logró una comunicación que esperamos fortalecer”, aseguró la especialista.

Este tipo de violencia, expresada en los casos de abuso sexual, agresiones físicas e incluso femicidios, a pesar de ocupar un lugar cada vez más relevante en las coberturas periodísticas, la respuesta de varias dependencias del Estado parece no estar a la altura de esta problemática. “No se observa mayor asignación presupuestaria ni avances en tipos y modalidades de servicios. Creo que estas noticias sensibilizan a la población pero no colaboran para mejorar los servicios”, concluyó Bianco.

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