19/12/2013 Columnista

30 años de democracia: un balance provisorio

Por Atilio A. Boron. Treintaaños ininterrumpidos de vida democrática son un logro formidable. Por un lado, porque en la Argentina la inestabilidad de frágiles gobiernos civiles impedían la expresión de la soberanía popular y devaluaban sus credenciales democráticas; por el otro, y en relación a lo anterior, por la periódica irrupción de las fuerzas armadas como una suerte de “partido del orden” que desplazaba a gobiernos acusados –o sospechados- de propensiones populistas o izquierdistas e imponía un régimen que cancelaba violentamente los tambaleantes avances democráticos.

Debido a lo anterior 1983 marca un positivo punto de inflexión que permite mirar con cierto optimismo el futuro. Positivo porque, más allá de sus falencias, la democracia argentina pudo resolver un problema como  ninguna otra en la región: el juicio y castigo a las juntas de la dictadura cívico-militar de 1976-1983 y a quienes tuvieron a su cargo las tareas represivas que culminaron con el asesinato y desaparición de miles de personas. Con el gobierno de Raúl Alfonsín se puso en marcha un proceso inédito en América Latina –el juicio a las juntas- en lo que constituye sin duda el mayor mérito del período democrático y que sitúa a la Argentina en un lugar de vanguardia en el plano internacional. Esto estuvo bien lejos de ser un proceso lineal, dado que tuvo importantes altibajos: las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas durante ese mismo gobierno, cuando la correlación de fuerzas demostró un marcado debilitamiento de la Casa Rosada después de la crisis de Semana Santa de 1987; los indultos otorgados por Carlos S. Menem durante su mandato y, finalmente la anulación de aquellas dos leyes  durante el gobierno de Néstor Kirchner, lo cual abriría una etapa sin precedentes de juicio y castigo a centenares de represores, experiencia ésta que aún hoy no tiene igual dentro y fuera de América Latina. Una prueba: los familiares de las víctimas españolas del franquismo acuden a la Argentina para que se les haga justicia a sus reclamos. De la mano de la política de “juicio y castigo” vino otro logro excepcional en el marco latinoamericano: haber asegurado la supremacía civil sobre las fuerzas armadas, algo hasta ahora imposible para nuestros vecinos –principalmente Chile y Brasil- tantas veces exaltados como “modelos a imitar” y en los cuales la autonomía de las fuerzas armadas –en algunos casos constitucionalmente avalada, como en Chile - impide no sólo el enjuiciamiento de las monstruosidades cometidas en los tenebrosos años setenta sino siquiera el establecimiento de unas muy acotadas “comisiones de la verdad.”

Estos dos logros: fin de la impunidad y supremacía civil son esenciales para cualquier democracia, y sitúan a la Argentina en un sitial de privilegio. Juicio y castigo que, gracias a Nuremberg, pudieron ser los fundamentos de la redemocratización de la Alemania de posguerra. Pero no fueron estos los únicos logros del período. Sería un grosero error subestimar otros: una democracia que demostró su capacidad para sortear el “test ácido” de la alternancia partidaria, algo que costó décadas lograr en México y, en menor medida, en Chile. Que también sorprendió a muchos al demostrar su fortaleza para sobrevivir a dos graves crisis hiperinflacionarias a finales de los ochentas y comienzos de los noventas; y que tampoco sucumbió ante el catastrófico derrumbe de la Convertibilidad y el holocausto social resultante del mismo. Que pudo organizar una serie de elecciones con un grado bastante elevado de honestidad y transparencia y que mantuvo las libertades públicas en niveles desconocidos en la historia previa de la Argentina.

No obstante, las asignaturas pendientes no son para nada insignificantes: la desigualdad económica, medida por la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre de la población se ha duplicado en estos últimos treinta años, lo que ensombrece los logros reseñados más arriba. Tremenda paradoja: una democracia estabilizada, no sin sobresaltos, pero reposando sobre una sociedad más injusta. El estallido de la Convertibilidad dejó una pesada herencia de pobreza, exclusión y desigualdad apenas mitigada, pero no superada, por importantes conquistas tales como la AUH, jubilaciones, re-estatizaciones varias, matrimonio igualitario, ley de medios, expansión de la inversión en educación, ciencia y tecnología, entre otras. No obstante, la deuda social sigue siendo muy importante en nuestro país: pobreza, inequidad distributiva, regresividad tributaria, inflación, fuga de capitales, vulnerabilidad externa y agresión medioambiental figuran al  tope de una agenda que debería ser encarada sin más dilaciones por el actual gobierno para que la democracia sea, como debe ser, algo más que un dispositivo institucional para elegir un gobierno y se convierta en un modo de vida signado por la justicia social, la igualdad y a libertad efectiva de la ciudadanía.

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