20/01/2014 Se creó en el 2012

Sin plan de acción, la Agencia Metropolitana de Transporte cumple un año

Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires tenían 30 días para fijar una agenda común y otros 150 para delinear el plan director de cinco años. Aún ni se iniciaron los estudios técnicos. Desde la subsecretaria de Transporte porteño confirmaron que el convenio “todavía debe ser aprobado por la legislatura”.

A un año de la creación de la Agencia Metropolitana de Transporte, encargada entre otras cosas de establecer criterios básicos en el ordenamiento del tránsito en un área en la que se movilizan diariamente once millones de personas, poco se avanzó en el funcionamiento real del organismo. A partir del 3 de octubre de 2012, fecha en que se firmó el acuerdo entre Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires, las jurisdicciones iniciaron un proceso administrativo y legislativo para implementar los mecanismos necesarios a fin de activar el ente.

“Quedan comprendidos [en el organismo] todos los medios de transporte del área y un total de 42 municipios del primer, segundo y tercer cordón del conurbano", mencionó Florencio Randazzo, ministro del Interior, tras la inauguración. Además, el funcionario fijó un plazo de 30 días para establecer "una agenda común" y otro de 150 días para delinear, al menos en parte, el plan director de cinco años.

Desde la subsecretaria de Transporte porteño, confirmaron a Análisis de la Gestión Pública que el convenio “todavía debe ser aprobado por la legislatura”. Sin embargo, el director de la comisión de Transporte, Fernando Verdaguer, aseguró a este medio que la disposición “no llegó aun a la comisión de tránsito”.

Por otro lado, fuentes del organismo que conduce Guillermo Dietrich, calificaron a la medida como “positiva” e indicaron que “se está trabajando sobre los lineamientos del plan quinquenal”. Sin embargo, reconocieron que “aún no se han realizado los estudios técnicos” y que “no se puede adelantar demasiado” hasta que no esté aprobada por todas las jurisdicciones. Análisis de la Gestión Publica intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con las otras dos jurisdicciones (Nación y Provincia), pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

El presidente de la Fundación Metropolitana, Gastón Urquiza, explicó que si bien el plan director no se concretó, “se avanzó en la relación con los organismos internacionales de financiamiento”. “Ahora es preciso avanzar en el desarrollo de políticas de estado, tanto a mediano y largo plazo, planificadas de manera participativa, a fin de resolver los problemas del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, completó.

En cuanto a los desafíos que enfrenta un organismo como este, Urquiza indicó que el sistema de transporte es “complejo y multidimensional” por lo que es preciso “implementar soluciones que resuelvan los problemas que se ocasionan en las ciudades con grandes flujos poblacionales”. “Vemos como en el AMBA, a duras penas, que el transporte automotor brinda servicios razonables pero con una gran sobrecarga en los tiempos de traslado. La gente deja horas y horas de su vida arriba del colectivo, a veces viajando como ganado, porque es la opción más accesible y más confiable”, añadió.

El origen de la Agencia

Desde hace décadas, tanto la dirigencia política como diversos especialistas plantean la necesidad de crear un organismo interurbano encargado de la planificación y la coordinación del sistema de transporte. Producto de esta necesidad, a fines de 1998 se creó el Ente Coordinador del Transporte Metropolitano (mediante la ley 25.031), sin embargo nunca llegó a concretarse. 

La tragedia de febrero de 2012, en la cual murieron 51 personas producto del choque de un tren de la línea Sarmiento contra la contención de la estación de Once, reavivó el tema. Tal es así que desde el Gobierno Nacional impulsaron un paquete de medidas tendientes a mejorar no sólo el sistema ferroviario, sino el conjunto del transporte metropolitano.

 Entre estas disposiciones, se destaca la sanción del decreto 874 en junio de 2012, a través del cual la presidenta Cristina Fernández de Kirchner transfirió la secretaria de Transporte, que hasta entonces estaba bajo órbita de la cartera de Planificación Federal, al ministerio del Interior que conduce Florencio Randazzo.

La ampliación de las funciones ministeriales que tuvo que afrontar el funcionario trajo consigo también la decisión de consolidar un organismo encargado de velar por el transporte en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Luego de reunirse con el gobernador Daniel Scioli y el jefe de gobierno Mauricio Macri, Randazzo dejó en claro la necesidad de “articular políticas conjuntas de transporte en el área metropolitana, donde se mueven 11 millones de pasajeros por día", indicó ante la prensa en aquel momento. 

En el encuentro, se fijó la conformación de un ente tripartito cuya conducción quedó bajo la órbita del secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos. Cuatro meses después, en octubre de 2012, Scioli, Ramos y el subsecretario de Transporte porteño, Guillermo Dietrich, se reunieron y firmaron el acuerdo que le dio vida a la Agencia Metropolitana de Transporte. 

Si bien no se especificaron las funciones que debe abarcar el organismo, Randazzo señaló que desde la Agencia se deberán establecer “criterios básicos en el ordenamiento del transporte; adecuar las normativas para que el sistema funcione en forma integrada, opinar sobre los proyectos y planes de obra que se ejecuten en el área y proponer ante los organismo competentes la gestión de créditos nacionales o internacionales para efectuar a estudios, proyectos y obras”. 

Propuestas para un plan de desarrollo 

El presidente de la Fundación Metropolitana destacó la decisión de que la conducción de la Agencia Metropolitana de Transporte sea tripartita. “Esto asegura que quienes detentan autoridad sobre el sistema de transporte se sienten a la mesa y participen de las decisiones”, opinó Gastón Urquiza y recordó que “el Estado federal tiene los ferrocarriles, algunas de las autopistas y la concesión de las líneas de colectivo. El Estado porteño tiene el subte, algunas autopistas y el control del tránsito sobre su jurisdicción. El Estado provincial también tiene autopistas y líneas de colectivos provinciales”. En este sentido, “un  sistema de movilidad virtuoso es el que atiende integralmente todos estos aspectos”, aseveró. 

Además, Urquiza mencionó que entre los puntos más importantes que debe contener el plan director, sobresale la “complementariedad modal y tarifaria”. “En cuanto a la tarifa, es necesario afinar la posibilidad de subsidiar de manera diferenciada a la demanda (cosa que ya comenzó a debatirse de manera pública a partir de la implementación de la tarjeta SUBE). Otro de los aspectos es la participación de todos los actores involucrados en la implementación de las soluciones (desde los operadores privados hasta los usuarios)”. 

Por último, el presidente de la Fundación Metropolitana, sostuvo que los gobiernos locales deberían participar en el desarrollo de la Agencia. “Es muy difícil pensar el transporte metropolitano sin que los municipios se sienten a la mesa de las decisiones”, consideró. Es que para el especialista, “los flujos metropolitanos de la movilidad se desplazan por el territorio sin reconocer jurisdicciones”.

Según la AGN

En varios de sus informes, la Auditoría General de la Nación (AGN), dio cuenta de las dificultades que existen en materia de transporte. Tal como difundió el portal Elauditor.info, el organismo de control encontró deficiencias en la gestión de los accesos Norte y Oeste y en las autopistas Ricchieri, Ezeiza – Cañuelas y Buenos Aires - La Plata. Entre las irregularidades detectadas se destacan que “no fueron realizadas las principales obras de infraestructura, tendientes a aumentar la capacidad de los accesos”. 

En otro de sus informes, el organismo de control identificó los tramos de la autopista Buenos Aires – La Plata en los que suelen encontrarse a la vera del camino vacas, perros y caballos sueltos. Ante esta situación, los auditores sostuvieron que “no hay personal de seguridad que evite la presencia de estos animales”. 

Por otra parte, los auditores de la AGN detectaron que el 95 por ciento de los colectivos no tienen el permiso de explotación vigente. El informe añade además que estas líneas “están eximidas de obligación de ajustarse a los parámetros establecidos con relación a las personas con movilidad reducida”. En cuanto al subte, entre otras cosas, se constató que “la Red de Subterráneos no cuenta con la infraestructura necesaria para que las personas con movilidad reducida puedan hacer uso de ella en forma autónoma e integral”.


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