03/01/2014 Columnista invitado

Cuatro razones para no haber ascendido a Milani

Por Tomás Várnagy*. Además de las acusaciones por violaciones a los derechos humanos que pesan sobre el nuevo jefe del Ejército, existen otras tres importantes razones para rechazar el ascenso y nueva designación de César Milani: su explícito apoyo al modelo “nacional y popular”, su carrera militar especializada en inteligencia, y –finalmente- la sospecha de enriquecimiento ilícito. En circunstancias diferentes cualquiera de estas razones tomadas individualmente, hubiese sido motivo suficiente para denegar su nombramiento.

Derechos humanos

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida del presidente Raúl Alfonsín (1983-89) y los indultos del presidente Carlos Menem (1989-99) a los jefes militares ya condenados, se hicieron conocidas como las “leyes de impunidad” y fueron derogadas por el Congreso en 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007). Pese a que la política de derechos humanos de los Kirchner ha sido acusada de oportunista, pues nunca antes de haber llegado a la Presidencia mostraron la más mínima preocupación por el tema, su implementación fue ejemplificadora pues erradicó la impunidad de los crímenes contra la humanidad perpetrados durante la dictadura militar de 1976-83. Luego de más de dos décadas de la recuperación de la democracia, se reabrieron centenares de causas judiciales a partir de 2005, siendo una acción sin precedentes en el mundo, exaltada por la comunidad internacional y los movimientos de derechos humanos.

Pese a las acusaciones de víctimas y organismos de derechos humanos, el ascenso de César Milani a Teniente General y Jefe de Estado Mayor General del Ejército el 3 de julio de 2013 fue convalidado por la Cámara de Senadores el 19 de diciembre de 2013. Un gobierno que pretende ser campeón de los derechos humanos logra, paradójicamente, que este nombramiento haya sido equiparado a las leyes de impunidad y a un gran retroceso en la política de derechos humanos, abriendo una profunda brecha y contradicción en el propio discurso kirchnerista. Quienes rechazaron la aprobación de su designación, compararon el disciplinamiento de los Senadores a las órdenes de la Casa Rosada con la “obediencia debida”, concepto militar por el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.

El ahora jefe del Ejército había firmado el acta de desaparición de Alberto Agapito Ledo, soldado conscripto y asistente del subteniente Milani, catalogándolo como “desertor”, desaparecido en 1976 en Tucumán. Su madre, Marcela Brizuela de Ledo, titular de Madres de Plaza de Mayo de La Rioja, afirmó que  “en 2003 festejamos cuando se bajaron los cuadros de Videla y hoy ponen a Milani en lugar de Videla”. Pero ésta no es la única causa por la que es sospechado; hay otras causas relacionadas con la detención y apremios ilegales de Ramón Olivera en La Rioja, y Oscar Plutarco Schaller, un periodista riojano que vive en Cuba desde hace dos décadas.

El nombramiento de Milani fue impugnado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no gubernamental argentina orientada a la promoción y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático. Su presidente, Horacio Verbitsky, considera que el ascenso es “un grave error político” y le pidió a Milani que dé "un paso al costado". Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, afirmó que "Es un retroceso para la democracia. Volvimos a la obediencia debida"; mientras que el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, utilizó nociones análogas: "es muy grave que el kirchnerismo, con obediencia debida, haya nombrado a Milani jefe del Ejército Argentino sin que se investiguen las acusaciones", y agregó: "El mejor argumento que esgrimieron los oficialistas es que «así lo pide la Presidenta»". Horacio González, director de la Biblioteca Nacional e integrante del Espacio Carta Abierta, manifiesta su “disconformidad con el nombramiento” y un grupo de docentes de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, renunció pues consideraba que se sobrepasó un límite: “la bienvenida a un general imputado como genocida  -César Milani- a un ámbito que debió permanecer intocado: el de las Madres, el de los desaparecidos”.

Proyecto nacional y popular

Hebe Pastor de Bonafini, la polémica titular y fundadora de la asociación de las Madres de Plaza de Mayo, le realizó una entrevista (“La Madre y el General”) en la revista ¡Ni un paso atrás!, al general Milani vestido de uniforme, quien afirmó que “jamás, nunca, ni torturé, ni maté, ni estuve" y que se trata de calumnias e injurias que tratan de “impedir que el Ejército participe activamente de un proyecto nacional” al que él suscribe. Hablan de la posibilidad de que el Ejército trabaje en barrios y villas y, antes de finalizar, el militar asegura: “Hebe, con ayuda de ustedes, el Ejército está dispuesto a ir por todos los cambios y yo quiero ser el más transgresor”.

Es obvio que las Fuerzas Armadas no deben estar al servicio de un gobierno, un partido político o un líder, sino al servicio de la Constitución nacional y el Estado. Pese a ello, el nuevo jefe del Ejército ha suscripto al “proyecto nacional y popular”, al “modelo” kirchnerista, con lo cual se tiende hacia una "partidización del Ejército", politizándolo para alinearlo a los intereses de un partido político.

Inteligencia militar

La tarea de la inteligencia militar es recopilar información acerca de un enemigo real o potencial; nuestras fuerzas armadas tienen prohibidas las hipótesis de conflicto, entonces ¿para qué o sobre quién se hace inteligencia? El problema con los “Servicios” de Inteligencia en América Latina es que se han utilizado, muchas veces, para vigilar dentro del propio Estado con fines políticos y de esto tenemos una amplia y amarga experiencia en nuestro país. El profesional de Inteligencia no es bien visto dentro de las fuerzas armadas y nunca antes hubo un Jefe del Ejército de esta área, porque se considera que no tiene amplitud de criterio o conocimiento cabal de operaciones militares, de manera similar a la de un ingeniero o un médico militar.

Por ley está prohibido realizar tareas de inteligencia interior y Milani es un experto en el área y hay quienes consideran que detrás de su ascenso existe una voluntad de hacer participar a las Fuerzas Armadas en espionaje interno y profundizar el sistema de seguridad. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, negó que debido el ascenso del cuestionado jefe militar, el Ejército se dedique a hacer “inteligencia interna” a dirigentes políticos, como denunció un senador opositor.

El presupuesto original (ahora duplicado) destinado a inteligencia militar, de $ 626,9 millones, implicaba un gasto mayor que lo que se requiere para combustible o adquisiciones de las tres fuerzas armadas juntas. A esta cifra se le suma lo asignado, casi $ 700 millones, a tareas de inteligencia de la Presidencia de la Nación y, además, más de $500 millones para el Ministerio de Seguridad. Insistimos en la falta de hipótesis de conflicto, lo cual de ninguna manera justificaría un aumento a un presupuesto ya excesivamente abultado.

El lunes 23 de diciembre la Justicia allanó la sede la Dirección General de Inteligencia del Ejército, a raíz de una denuncia por espionaje a dirigentes políticos y periodistas. El nuevo jefe del Ejército, quien además retiene la dirección de Inteligencia, debió permanecer durante las casi cinco horas que duró el procedimiento. Previo al allanamiento, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) había solicitado a la Justicia que iniciara una investigación de oficio; también reclamó al Ministerio de Defensa que dispusiera "las medidas necesarias para esclarecer la situación" ya que se sospecha que se realizan tareas de inteligencia clandestina a periodistas y políticos opositores.

Enriquecimiento ilícito

Además, existe contra Milani una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas, luego de que el programa televisivo Periodismo Para Todos mostrara que el general percibe un sueldo 15.000 pesos y, sin embargo, es dueño de una lujosa casa en el barrio La Horqueta, partido de San Isidro, así como de coches de alta gama y otros bienes, entre ellos propiedades en Cosquín, Córdoba. En una entrevista que le realizó el diario Página 12 (21 julio 2013), Milani respondió preguntas sobre su patrimonio y explicó “que es público y notorio que provengo de una familia con un buen pasar económico. Mi padre fue un empresario de la construcción muy importante…”. Un auto de marca “no es mío sino de mi hijo”. “Mis hijos son grandes, trabajan (…). Uno es abogado, el otro licenciado en administración de empresas, no mantengo a ninguno de los tres”.

*Filósofo y profesor de la UBA.

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