18/02/2014 Columnista

Los precios y la capacidad de control del estado

Por Atilio A. Boron. Uno de los rasgos más promisorios del crítico momento actual es que el gobierno ha reconocido ciertos problemas que antes se empecinaba en ignorar -por ejemplo la inflación, la fuga de divisas o la crisis energética- y que ahora son motivo de intensa preocupación en los despachos oficiales.

Reconocimiento tardío, causado tanto por el empecinamiento de las autoridades como por la frontalidad y radicalidad de los ataques de la oposición. Si para las primeras la Argentina era un exitoso paradigma que hoy debían imitar las economías europeas agobiadas y devastadas por las políticas neoliberales, para los segundos la situación de nuestro país era similar a la de las economías más arruinadas del planeta. Como diría Aristóteles, la verdad se encontraba en algún punto equidistante entre ambas posturas extremas y, por eso mismo, equivocada.

Pensar que la inflación es sólo producto de la impericia oficial, como denuncia la oposición, significa ignorar las raíces estructurales del problema que se encuentran en la acentuada concentración y centralización de los capitales

Sabemos que ocurre con esto: para quienes no lo sepan recomiendo leer las sabias observaciones de Adam Smith en su obra clásica, La Riqueza de las Naciones. Allí, el filósofo y economista escocés decía que lo que siempre hacen los empresarios es confabularse con sus pares para aumentar los precios de sus mercancías, esquilmando tanto a los consumidores como a sus propios trabajadores.

 

Por otro lado, pensar que el aumento de los precios de la economía, podríamos decir sin equivocarnos, el aumento de casi todos los precios (salvo los servicios públicos subsidiados en Buenos Aires y los distritos del conurbano como agua, electricidad y gas) sólo obedece a la irrefrenable codicia de los capitalistas significa a su vez ignorar los déficits de la gestión estatal que precisamente debería tener la capacidad de ordenar los flujos económicos y efectuar la sintonía fina de los precios de los principales productos.

El problema, como se sabe, no es nuevo en la economía argentina. En la gestión del general Juan D. Perón se produjo, a inicios de los años cincuenta, una fuerte y sistemática alza de los precios que fue atacada con

una ley que penalizaba lo que se daba en llamar el "agio" y la especulación con la clausura de los comercios que vendían sus productos por encima del precio oficialmente establecido. Obviamente, no dio resultados, porque en

aquella época la atomización del comercio minorista (almacenes, carnicerías, verdulerías y en general toda la comercialización de los alimentos) conspiraba contra la eficacia de las intenciones oficiales. En la actualidad, la situación es bien diferente porque cerca del ochenta por ciento del abastecimiento de los consumos domésticos esenciales en el rubro alimentación está controlado por un puñado de grandes cadenas de hipermercados a los que se suma la enorme cantidad de supermercados chinos, que pese a su número operan de manera coordinada. Se trata, por consiguiente, de una situación mucho más favorable que la que enfrentaba Perón, pero que requiere de un aparato

estatal dotado de un funcionariado preparado para proponer un mecanismo ágil y efectivo de control de precios, que no puede ser de todos los que integran la canasta de alimentos sino de los pocos que, por su gravitación, fijan el precio de todos los demás.

No debería ser tan difícil acordar con tan pocos agentes económicos. Claro que esto es más fácil de decir que de hacer porque si hay algo que caracteriza a la economía argentina es la volatilidad de sus precios relativos, acentuada porque con la apertura, liberalización y desregulación instituida en los años noventa buena parte de la producción nacional pasó a estar influida, directa o indirectamente, por el precio del dólar. Y este es fijado por un pequeño círculo de grandes conglomerados empresarios que son quienes capturan los dólares que ingresan al país por la vía de las exportaciones. Por supuesto que pueden entrar dólares por otras vías: gastos de turistas del exterior, inversiones extranjeras y  préstamos internacionales pero la abrumadora mayoría es la que ingresa como producto de las exportaciones. Y el estado nacional, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no controla esas entradas de divisas.

En otros países de América Latina es el estado quien se beneficia de la bonanza exportadora; en la argentina son un pequeño sector de empresas privadas las que se quedan con la parte del león. Los productores directos son socios menores y el estado capta su parte por la vía de las retenciones, pero es insuficiente. Por eso es imperativo recrear algo que ensayó con bastante éxito por un tiempo el primer peronismo: la nacionalización del comercio exterior, cuya necesidad se agiganta ante el hecho de que la internacionalización de la producción ha hecho que casi no haya rubros en la economía argentina que se encuentren a salvo del influjo del dólar. Días pasados se hablaba del cemento, como un producto puramente local. Pero, ¿y el papel especial para embolsarlo, y las maquinarias para procesarlo, y los vehículos requeridos para transportarlo? Todos ellos están influidos por el precio del dólar. Como se puede inferir, sin un enfoque integral y una planificación consecuente será muy difícil controlar el rebrote inflacionario.

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