26/02/2014 Reforma constitucional

“Hay dependencias públicas a las que les cuesta trabajo moverse en una cultura de apertura”

Lo afirmó el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez. En una entrevista exclusiva a gestionpublica.info, se refirió a la nueva normativa que rige en el país que permitió crear un órgano autónomo, el Instituto Federal de Acceso a la Información, que garantiza a la ciudanía saber cómo se administran los recursos públicos. Igualmente, aclaró que si bien implica un gran avance en la apertura de datos, “no significa una solución al tema de la corrupción”.

No cabe duda de que el acceso a la información pública y la transparencia son temas centrales para el estado mexicano. Con una normativa vigente desde 2003, México se posiciona junto a Chile como uno de los países de América Latina donde más se ha trabajado en la materia.  

Tal es así que el pasado 7 de febrero se promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública. La nueva Ley implica un gran avance para México ya que se convirtió en “el primer país en el mundo en tener un órgano constitucional autónomo [el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)] que le garantizará a cada ciudadano mexicano el cumplimiento a su derecho a saber cómo se administran los recursos públicos”, explicó en diálogo con Gestionpublica.info el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.

Entre las novedades, sobresale que los fideicomisos públicos, los sindicatos y los partidos políticos, además de los tres poderes del Estado, van a ser sujetos obligados para la nueva ley, lo que implica que deberán brindar información. Bohórquez explicó que si bien la reforma “permite que no haya escondites para la entrega de información pública en el país”, “no significa una solución al tema de la corrupción”. “Simplemente tenemos un mejor instrumental como sociedad para entrarle al tema”, aclaró.

¿Cuáles son los principales puntos de la reforma?

El avance más importante es que México va a ser el primer país en el mundo en tener un órgano constitucional autónomo [el IFAI] que le garantizará a cada mexicano el cumplimiento a su derecho a saber cómo se administran los recursos públicos. Al igual que Argentina, México es una federación. Una de las excusas que utiliza la clase política para no entregar información es que no les corresponde hacerlo por razones de la propia organización de la estructura federal. Por ejemplo, a los alcaldes les gusta decir que ellos no pueden brindar datos porque se trata de información federal. La reforma constitucional de México ahora obliga a todos los órganos y a los tres poderes a entregar información pública que está perfectamente clasificada en la ley y, solo por excepción, a reservarla ante la prueba de daño. Ahora no solo hay que declarar que algo es materia de seguridad  nacional  sino que es preciso especificar cuál sería la afectación a la seguridad nacional si esta información se publica.  Estamos hablando de una reforma de gran calado que permite que no haya escondites para la entrega de información pública en el país. Por otra parte constituye como sujetos obligados de la ley a nuevos actores como fideicomisos públicos, sindicatos que reciben recursos públicos, partidos políticos, organizaciones civiles e incluso a personas físicas que pudiesen están recibiendo recursos públicos.  Un pedido de la ciudadanía mexicana es que los fideicomisos no sean un espacio para esconder información ni para administrar de manera extraña recursos públicos. Con esto desaparece el secreto fiduciario.

¿Y los sindicatos?

Ha sido una exigencia permanente de las sociedad que los sindicatos rindan cuentas. México tiene el sindicato más grande de América Latina que es el Sindicato General de los Trabajadores de la Educación. Tiene 1.5 millones de plazas a sus disposición. Todos los recursos que provengan de la vía fiscal serán sujetos de esta ley. Hace un tiempo fueron procesados sus líderes por una causa de corrupción. Por otra parte también se evita que ciertas organizaciones productivas, campesinas o de carácter social sean utilizadas como vehículo para entregar recursos para la compra y coacción de votos. Por eso, toda organización civil que tenga acceso a recursos fiscales tendrá que entregar la información.

¿Cómo fue el proceso a través del cual la transparencia se constituyó en un tema tan debatido en México?

Esta es una lucha que lleva más de treinta años. La primera incursión en el derecho a la información fue en de 1977. Durante mucho tiempo este tema quedó dormido en los albores de la alternancia política. Si bien en el 2000 un grupo de expertos fue ayudando que se construyan las bases para abordarlo, recién a partir de 2002 se inició el nuevo ciclo del acceso a la información pública. Hace cinco años hubo otras reforma teniente a armonizar todo este tema en el país. Hoy contamos con un grupo nutrido de especialistas en el tema dentro y fuera del gobierno. Ya no se trata de aprendices de brujos.    

¿Qué resistencias encuentra en la aplicación de esta normativa?

Hay dependencias públicas a las que les cuesta trabajo moverse en una cultura de apertura y transparencia. Que tengamos una ley de acceso a la información, y se implemente bien, no significa que solucionamos el tema de la corrupción. Tenemos un mejor instrumental como sociedad para entrarle al tema. Pero transparentar no significa controlar la corrupción, sino dotar a los ciudadanos de información suficiente para exigir rendición de cuenta y premiar o castigar a los gobiernos. Sabemos que esto no resuelve el problema.

¿Cuál es la percepción ciudadana respecto a las políticas de transparencia que encara el Estado mexicano?

Los mexicanos están más conscientes de que hay un mejor marco constitucional. Hay confianza porque ha funcionado.  Hace poco recibimos la solicitud un millón. Desde que promulgó la ley en 2003, un millón de personas ejercieron el derecho de acceder a la información. De hecho, tan solo en el primer mes México recibió más pedidos de información que Canadá en un año. Este es un derecho que se ejerce, lo que no significa que todos los ciudadanos lo ejerzan por igual. Los periodistas y los empresarios son los lo utilizan más.  Ahora estamos entrando en una etapa de gobierno abierto. Cuando se suben bases de datos completas en un solo sitio el número de solicitudes se reducirá porque habrá mucha información disponible. Por otra parte, dado el antecedente del IFAI, que entregaba al  ciudadano más del 95% de la información que se solicitaba en primera instancia (luego terminó siendo de 98%) creo que la sociedad mexicana no va a dejar que haya un retroceso en el funcionamiento del organicismo.

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