18/03/2014 Columnista

Aportes para un debate necesario

Por Facundo Martínez*. La Reforma del Código Penal merece un debate profundo que se interese en las necesidades de la sociedad y que no se convierta en una mera puja de intereses políticos encontrados a propósito de las presidenciales del 2015. Más allá de las diferencias políticas entre el Gobierno, sus aliados y los opositores, ambos grupos deberían enfocar a sus mejores cuadros en la materia para trabajar mancomunadamente para el conjunto de la sociedad.

Puede sonar ingenuo en la Argentina de hoy, donde las divisiones parecen haberse cristalizado, que las fuerzas políticas trabajen en tal dirección. Pero no debería ser así. Los argentinos se merecen el esfuerzo de los partidos políticos para que en lugar de criticar la iniciativa oficial la enriquezcan con nuevas y mejores propuestas. El futuro del país no debería estar midiéndose siempre con la vara corta de la mezquindad política.

El anteproyecto de Reforma del Código Penal –código que en sus casi cien años de vida ha experimentado unas 900 reformas parciales, y que en los últimos 20 años no se ha hecho otra cosa que aumentar más y más las penas-, fue redactado por pedido expreso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a un grupo de juristas notables, provenientes de diferentes expresiones políticas: el ex ministro de justicia León Arslanian, que fuera presidente del tribunal que juzgó y condenó a las Juntas Militares; el ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni, que ha acreditado a lo largo de su carrera probados conocimientos en la materia; el radical Ricardo Gil Laavedra, que fuera también ministro de justicia de la Alianza y camarista en el juicio a las Juntas; Federico Pinedo, presidente del bloque de diputados del PRO; y la ex diputada socialista e integrante del Frente Amplio Progresista, María Elena Barbagelata.

Tras un largo debate interno, la Comisión para el Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación entregó finalmente el anteproyecto, que la propia Barbagelata -quien actualmente preside la Comisión de la Mujer en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)-  calificó como: “un trabajo muy serio, muy responsable y tomado con dedicación por parte de la Comisión que tuvo expresiones plurales y que hizo un esfuerzo de puestas comunes con respeto por las disidencias”.

Sin embargo, ese esfuerzo plural y bien intencionado se encontró con un gran escollo en el camino: lejos de convertirse en un objeto discusión parlamentaria, va camino a convertirse en el pato de la boda en el marco de una feroz campaña política en el marco de las elecciones 2015. Los líderes de la oposición no parecen estar dispuestos a discutir el anteproyecto por más pluralista que sea. Y, por lo general, reducen la cuestión de reformar el código penal a simplemente subir las penas. Se trata de una discusión que tiene una larga historia.    

El ex jefe de Gabinete y hoy líder opositor Sergio Massa, llegó a plantear que se convoque a una consulta popular para oponerse al “anteproyecto”. Se trata de una clara muestra de intolerancia política, que ni siquiera respeta el artículo dos de la Constitución Nacional, que nos dice que el pueblo no legisla ni gobierna sino a través de sus representantes. Está claro que en esta argentina tan dividida, nada debería sorprendernos. La pena es que tratándose de una problemática que afecta desde sus diferentes aristas al conjunto de la sociedad, el país necesita y demanda gestos de grandeza a todas las fuerzas políticas. Y por ahora no ocurre nada de esto, sino más bien lo contrario.

La reforma del Código Penal, que es de 1921, puede ser una muy buena herramienta para combatir el delito y también prevenirlo. Por eso mismo el debate debería interesarse principalmente en el objeto de debate y dejar lado la mera caza de votos. Se necesita un mayor comportamiento ético de quienes han asumido las responsabilidades de las acciones políticas para perseguir objetivos que contribuyan al bienestar general, y no a intereses particulares.

En los últimos 20 años –decíamos- el Código Penal ha sido atravesado por unas 20 reformas orientadas en una misma dirección: el endurecimiento de las penas, como si eso fuera suficiente persuasión para que los ciudadanos se abstengan de delinquir. Los resultados no han sido los esperados, más allá de que los anuncios de endurecimiento de penas midan bien frente al electorado.

Esos cambios, por lo general, han respondido a situaciones concretas. Por ejemplo, frente al aumento de robos de automotores a mano armada se castiga con mayor severidad ese delito específico; lo mismo ocurrió con la ola de secuestros expresos. La experiencia, según relatan los especialistas, no ha sido buena. Esos delitos no disminuyeron, e incluso en muchos casos han experimentado un crecimiento. Es curioso cómo frente al delito la sociedad se siente aliviada con el fortalecimiento de su espíritu punitivo. Tanto como no tomar conciencia de que más allá de poner el foco en el castigo, resulta necesario e impostergable atender cuestiones también centrales como la prevención. La “mano dura” no sólo no alcanza sino que, a la larga, queda reducida a un mero recurso político.

En este sentido, el anteproyecto de Reforma del Código Penal se presenta como una valiosa oportunidad para mejorar las leyes teniendo en cuenta el consenso social y el consenso político. Arslanian lo expresó con absoluta claridad en una entrevista con el periodista Martín Granovsky. “El haber rendido tanto tributo a la ley penal hizo que hayamos descuidado por años todas las instancias primarias del control social y del funcionamiento de las demás agencias del sistema (…) La pena no funciona en su dimensión preventiva (…) El estado puede y debe generar inclusión y cultura del trabajo, ayudar a la distribución de ingreso y al mismo tiempo disponer eficazmente de sus agencias”.

El anteproyecto no es Ley. Para ello deberá atravesar el debate parlamentario, en el cual las todas las fuerzas políticas, en representación de los intereses de los ciudadanos, deben brindarse con esfuerzo, responsabilidad y compromiso ético. Entre quienes se oponen a discutir el anteproyecto en el ámbito adecuado, que no es otro que el Congreso, se ha escuchado que se trata de “un código a favor de los delincuentes”. No puede jamás ser cierto. Se trata de un juicio mediático, que persigue como único objetivo destruir y no construir. Los argentinos nos merecemos mucho más que esto. Quizás les venga bien a quienes se presten al debate releer De los delitos y las penas, ese gran libro que el italiano Cesare Beccaria escribió allá por 1764, a propósito de la problemática que afectaba a los grandes estados europeos donde, dicho sea de paso, la crueldad era moneda corriente. “Lo que más disuade a los ciudadanos de violar la ley no es la exagerada gravedad de las penas, sino la inexorabilidad de la Justicia”, reza en uno de sus pasajes. No tengan dudas de que el esfuerzo bien valdrá la pena.

*Sociólogo y periodista.

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